LABOR DE LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO
Desde asumir el mando aquel 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar de Gobierno no descanso un sólo día trabajando en normativas, decretos y leyes que permitieran el normal funcionamiento de la Patria, principalmente en lograr recuperar la actividad económica seriamente dañada por el gobierno de Allende.
Como Presidente de la Junta Militar de Gobierno hasta 1981 y como Presidente de la República hasta 1990, el General Augusto Pinochet Ugarte trabajó cada día en su gran ideal: “Hacer de Chile una gran nación”. Caminando, en auto, avión o barco recorrió casi todo Chile inaugurando numerosas obras de desarrollo. Mientras viajaba junto a sus ministros o esposa no descansaba. Asistió a la apertura de nuevas empresas, inauguró viviendas, jardines infantiles, escuelas, postas y hospitales, visitó puertos, mineras y obras de la Carretera Austral, llevando su sonrisa y palabras a cada chileno.
Su labor política no hizo que abandonara sus labores militares en el Ejército de Chile. Asistió a ejercicios militares en el desierto, dio charlas en la Escuela Militar y regimientos, y modernizó su institución.
Frente a las acciones terroristas tuvo “mano dura”, única forma de proteger a Chile y a su pueblo de la violencia comunista que continuaba buscando alterar la vida nacional.
Enfrentó la propaganda comunista nacional e internacional, no descansó hasta lograr firmar el Tratado de Paz con Argentina, criticó duramente los boicots extranjeros, principalmente de USA y continuó sin temor su camino luego del sangriento atentado terrorista en su contra.
Tuvo claro su horizonte: “Nadie detendrá el camino a la plena democracia”. Como soldado y caballero entregó el poder el 11 de marzo de 1990.
Otro de los miembros de la Junta Militar de Gobierno, el Almirante José Toribio Merino Castro, estuvo a cargo del sector económico del país y presidió el Comité Económico de Ministros, donde nacieron las medidas económicas que el Poder Ejecutivo puso en ejecución, como primeras medidas económicas del Gobierno Militar: la liberación de precios de bienes y servicios, se fijó una sola área cambiaría, se redujo el gasto fiscal y se liberaron las tasas de interés para dar inicio a un mercado de capitales, se reorganizaron las empresas del Estado, normalizando a su vez las empresas intervenidas.
Fue iniciativa del Almirante Merino el estudio del Estatuto para inversionistas extranjeros, que dio lugar a la posterior dictación del Decreto Ley N 600. Impulsó el estudio y la posterior dictación de un decreto ley de promoción de exportadores de Chile, lo que dio origen a PROCHILE. En este período impulso el Decreto Ley para bonificar la forestación, estableciéndose incentivos para desarrollar las plantaciones de esta naturaleza en el país. Representó al Gobierno Militar para negociar en España los contratos con la Empresa Pegaso y ante el Gobierno norteamericano reuniéndose con el Presidente Carter. Con gran sentido de justicia social, fue de iniciativa suya la dictación del Decreto Ley N 3.480, para permitir a los deudores del Sistema de Ahorro y Préstamo para Viviendas repactar sus deudas, lo que vino a favorecer a trabajadores del sector medio.
En 1980 se dictó el decreto ley N 3.500 que creó el nuevo sistema provisional, siendo el Almirante Merino fue gran defensor de esta legislación.Durante 1980 se aprobó la nueva Constitución que rige al país, separándose en forma definida los poderes Ejecutivo y Legislativo. El Almirante Merino pasó a presidir la Junta de Gobierno, que tuvo como objetivo constituir el Poder Legislativo, que nos rigió hasta marzo de 1990. Además presidió la primera Comisión Legislativa. En 1982 el país se vio afectado por la recesión mundial y el Gobierno debió tomar medidas económicas para paliar la crisis que se desarrolla.
El Almirante Merino, desde el Poder Legislativo, impulsó leyes sobre la modernización del sector financiero, garantía del Estado a los depósitos y ahorros, baja de los aranceles a las importaciones y en general, la normalización de los sectores más afectados por la crisis, dando el máximo apoyo al Poder Ejecutivo, lo que permitió sacar al país de la crisis. Durante este período impulsó la iniciativa de la Ley de fomento a la Marina Mercante, contribuyendo notablemente al crecimiento de este sector y también al sector de astilleros e industria naval a través de la dictación de la Ley N 18.454. Presentó las mociones relativas a reemplazar el Libro Tercero del Código de Comercio; a adecuar los límites marítimos chilenos a la Convención de Jamaica, mediante la correspondiente reforma al Código Civil, y a derogar la legislación que permitía el aborto terapéutico, todo lo cual fue aprobado mediante las correspondientes leyes dictadas en ese período. Asimismo, impulsó la dictación de todas las Leyes Orgánicas Constitucionales, lo que permitió al Gobierno Militar cumplir el itinerario constitucional de entrega del poder a la civilidad.
En 1989 propuso al Poder Ejecutivo la dictación de una ley de Pesca y Acuicultura, lo que se logró después de una gran discusión en el sector. Con ello se puso fin a la desorganización del sector y se crearon las condiciones para la conservación de los recursos marinos renovables. Finalmente, le correspondió presidir la Comisión Legislativa Conjunta destinada a reformar la Constitución Política, cuyo texto, aprobado por la Junta de Gobierno, fue ratificado por el plebiscito efectuado el 30 de junio de 1989. Durante el período de gobierno de las FF.AA., bajo su tuición se promulgaron 3.660 Decretos Leyes y 1.090 Leyes que llevan su firma.
INICIOS DEL GOBIERNO MILITAR
Con la intervención militar del 11 de septiembre de 1973, en Chile comenzó un período de gobierno de 17 años asumido inicialmente por una Junta Militar que fue encabezada por el Comandante en Jefe del Ejército, General Augusto Pinochet Ugarte, e integrada además por el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante José Toribio Merino Castro; el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire Gustavo Leigh Guzmán, y el Director General de Carabineros, General César Mendoza Durán.
La primera muestra de respaldo hacia el nuevo gobierno provino de la Corte Suprema, la que -representada por su presidente, Enrique Urrutia Manzano- recibió la visita de la Junta un día después del pronunciamiento.
Por su parte, la Iglesia Católica sostuvo que le dolía la sangre de civiles y soldados que enrojecía las calles y pidió moderación frente a los vencidos y que no se aplicaran represalias.
En tanto, los partidos políticos opositores a Salvador Allende -Nacional, Demócrata Cristiano, Social Demócrata, Democracia Radical- emitieron declaraciones de apoyo y justificación por la intervención. En la DC, doce militantes suscribieron un comunicado en sentido contrario, pero dejando constancia de la responsabilidad que le cabía a la Unidad Popular (UP) en el quiebre institucional.
Tres fueron los objetivos más apremiantes que se impusieron los militares: dotar al país de una nueva institucionalidad, recuperar la economía y, sobre todo, pacificar a Chile, terminando con la acción armada de grupos violentistas.
Mediante bandos militares y decretos leyes, el gobierno comenzó a operar bajo normas de excepción que restringieron las libertades individuales de la población.
Una vez decretados el Estado de Sitio y la Zona de Emergencia, se permitió la circulación de algunos periódicos, "El Mercurio" entre ellos, y el funcionamiento de Canal 13 y algunas radios, todos con censura previa.
Desde el principio, Pinochet manifestó que las Fuerzas Armadas habían asumido el gobierno para devolver a Chile su sistema democrático; pero antes debía lograrse la recuperación integral del país mediante la aplicación de planes económicos, sociales, políticos que la nación necesitaba.
Por esta razón, el Presidente de la Junta postuló privilegiar el cumplimiento de metas por sobre los plazos.
En los primeros meses de gestión, Pinochet reiteró que el mandato de los militares no constituiría una transición momentánea entre dos gobiernos políticos, sino que sería iniciador de un gran movimiento cívico militar absoluto y permanente que mantendría una buena administración del Estado.
Insistió en afirmar que las FF.AA. no estaban preparadas para gobernar y que debieron asumir la tarea a raíz del caos imperante. Gustavo Leigh.
El itinerario de la nueva institucionalidad chilena fue dado a conocer por Pinochet en julio de 1977, en una alocución que se recuerda como el "Discurso de Chacarillas" y que estableció los parámetros de la nueva democracia.
QUIEBRE DE LA JUNTA
Una entrevista otorgada por el comandante en jefe de la FACh al periódico italiano "Corriere della Sera", fue repudiada por el gabinete. Después de reuniones en La Moneda y en el Ministerio de Defensa, la Junta declaró que Leigh estaba imposibilitado para ejercer sus funciones, por lo que fue reemplazado por el general Fernando Matthei. La decisión provocó la renuncia de todo el alto mando institucional.
El 11 de marzo de 1981, Pinochet comenzó la segunda etapa de su gobierno prestando juramento a la Constitución como Presidente de la República. La investidura modificó la composición de la Junta de Gobierno, a la que en representación del Ejército se incorporó el teniente general César Benavides.
Pinochet ejerció como Primer Mandatario hasta el 11 de marzo de 1990, luego de que un plebiscito realizado dos años antes y en el que triunfó la opción "No", obligó a realizar elecciones presidenciales el 11 de diciembre de 1989. De esta manera, asumió el abanderado de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin, quien encabezó el proceso de transición hacia la democracia.
RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Una de las tareas más urgentes que se planteó la Junta de Gobierno cuando asumió la conducción del país fue la recuperación económica. Para esto se asesoró con profesionales de la Universidad Católica que habían formado parte de los intercambios académicos con la Universidad de Chicago. De esta manera, se dio inicio a la era de los "Chicago boys", grupo liderado por el decano de la Escuela de Economía de la UC, Sergio de Castro, e integrado por Jorge Cauas, Miguel Kast y José Piñera, entre otros.
El plan de los "Chicago boys" fue bautizado como "El ladrillo" y se constituyó en la base fundacional de la nueva economía social de mercado chilena, que dejó atrás el sistema de economía centralizada y planificada de tipo socialista.
Pinochet aprobó planes de privatizaciones, devoluciones de empresas requisadas, la normalización de la agricultura y una nueva concepción económica y financiera.
El fisco debió garantizar a la población la igualdad de oportunidades y el acceso masivo a las ventajas de la sociedad moderna.
Si hubiese que destacar diez grandes modernizaciones materializadas por el régimen militar en el ámbito económico, éstas serían las siguientes:
Reforma previsional: Promulgada el 4 de noviembre de 1980. A través de ella el gobierno cambió el viejo sistema de reparto de los fondos de los trabajadores por el de capitalización en cuentras individuales. Para ello estableció instituciones administradoras privadas de tales fondos, las AFP, dejando en libertad a los trabajadores para que optaran.
Isapres: Fueron creadas con la Ley 18.933. Con ellas, las personas pueden optar entre atenderse con el sistema de salud público o cotizar en instituciones de salud privadas que les aseguran una cobertura determinada por el plan escogido
Reforma laboral: Atribuida al ex ministro del Trabajo José Piñera, fue uno de los cambios económicos de mayor impacto. Su objetivo era trasladar enérgicamente los principios de la libertad individual al mercado laboral, los que se reflejarían en los derechos de empleados y empleadores establecidos equilibradamente en los contratos de trabajo
Privatizaciones: Proceso impulsado con preferencia en la década del 80, bajo la administración del ministro de Hacienda Hernán Büchi. Fue una de las medidas más impopulares tomadas por el gobierno militar, ya que se tradujo en el despido de buena parte de los trabajadores de las empresas y, a veces, en la liquidación de éstas a un valor inferior al de mercado. Sin embargo, permitió al Estado desprenderse de empresas deficitarias y disponer de mayores recursos para invertir en las áreas como salud y educación.
Apertura comercial: Permitió el arribo masivo de importaciones que obligaron a las industrias nacionales a hacerse más competitivas y así exportar para conquistar nuevos mercados. En este sentido, se estableció un tipo de cambio único y se creó un régimen comercial muy simplificado, sin barreras comerciales y con un arancel parejo del 10 por ciento desde 1979.
Banco Central autónomo: Su creación permitió impedir para siempre que el gobierno de turno pudiera manejar la política monetaria discrecionalmente y así "disparar" la inflación "al echar a andar la maquinita para hacer billetes" con el objetivo de aumentar el gasto fiscal.
Liberalización de los precios: El decreto ley 522 del 15 de octubre de 1973 eliminó la histórica fijación de precios en Chile, con excepción de 33 rubros que mantuvieron sus precios determinados por el Estado y 18 en que los empresarios debían informar sus valores a las autoridades. Para 1976, todos los precios eran libres.
Modernización del mercado de capitales: En 1975 se estableció una tasa de interés libre, se reprivatizó la banca y se liberalizó el mercado de capitales.
Acceso a educación superior: A finales de 1980 debutaron las universidades privadas en Chile, con lo que se amplió significativamente el número de jóvenes que pueden contar con estudios superiores.
Focalización del gasto social: Política que permitió destinar los fondos con que cuenta el Estado al mejoramiento de la situación económica de los más pobres, sin producir la injusticia de que reciban parte de esos recursos personas que no lo necesitan.
Producto de estos cambios, el crecimiento económico del país pasó desde un -4,3 por ciento en 1973 a un 10 por ciento en 1989. La inflación, en tanto, disminuyó desde un 106 por ciento a un 21,4 por ciento en los mismos años.
RECESIONES MUNDIALES
También en el ámbito económico, el gobierno militar debió enfrentar dos grandes recesiones: la primera en 1975 y la segunda en 1982. En esta última, las autoridades tuvieron que devaluar el dólar en un 18 por ciento y tomar otras medidas relacionadas con las divisas, que perjudicaron a los deudores en dólares.
Los planes de recuperación económica se tradujeron en el empleo de una política monetaria activa, aumento de la cantidad de dinero con miras a recuperar la liquidez, dólar libre y un uso limitado de reservas.
Las severas medidas para lograr la reactivación respaldaron una renegociación de la deuda externa y otras acciones que permitieron el saneamiento financiero y bancario.
El 13 de enero de 1983 se anunció la disolución de los bancos Hipotecario y de Fomento, Unido de Fomento y Financiera Ciga. Además, fueron intervenidos los bancos de Chile, Santiago, Concepción, Internacional y Colocadora Nacional de Valores, en los que se designó administradores delegados.
Fueron suspendidas 18 de las 22 entidades de fondos mutuos que operaban entonces. Y se pusieron en vigencia modalidades especiales de créditos y plazos para enajenar viviendas nuevas y antiguas, lo que dinamizó el mercado inmobiliario.
A partir de 1984, el proceso de ajuste se basó en una política expansiva para reactivar el crecimiento. Pero es desde 1986, cuando el economista Hernán Büchi estaba a la cabeza del Ministerio de Hacienda, que se desarrolló un período de crecimiento sostenido, que culminó con un PIB de 10,6 por ciento en el último año de la administración Pinochet.
NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Sin embargo, en este ámbito la iniciativa más importante del gobierno militar fue la elaboración de una nueva Constitución para el país, que respaldara el nuevo orden que se buscaba imponer en Chile. En este sentido, la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, emitida en marzo de 1974, sirvió de base para la nueva Carta Magna.
Los derechos del hombre (anteriores y superiores a los del Estado), el principio de la subsidiariedad, el reconocimiento de la propiedad privada y de la libre iniciativa en el campo económico, fueron asumidos como pilares de la obra fundacional.
La elaboración del nuevo texto constitucional fue encargada a una comisión presidida por el ex ministro de Justicia e Interior de Jorge Alessandri, Enrique Ortúzar. El grupo -cuyo trabajo estuvo permanentemente guiado por el Ejecutivo- también estaba integrado por constitucionalistas como Sergio Diez, Jaime Guzmán, Alejandro Silva Bascuñan y Raúl Bertelsen.
La nueva Constitución Política fue votada en un plebiscito que se realizó el 11 de septiembre de 1980, y en el cual un 67,04 por ciento de la población optó por la opción "Sí" y un 30,19 por ciento por el "No". Seis meses después, el documento entró en vigencia.
Asimismo, la nueva Constitución detalló el funcionamiento y rol de las futuras instituciones.
La elección de parlamentarios por circunscripciones fortaleció la regionalización del país, iniciada durante la primera etapa del gobierno.
El sistema electoral binominal fijó las bases para un sistema bipartidario que garantizara el equilibrio de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
También introdujo a los senadores designados, la segunda vuelta en los comicios presidenciales y la obligatoriedad de obtener más del 50 por ciento de los sufragios para acceder a la Primera Magistratura.
La innovación más revolucionaria y resistida de la nueva Carta fue el establecimiento de las FF.AA. como garantes de la institucionalidad, precepto que llevó a la creación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).
APERTURA AL DIÁLOGO, CAMINO A LA DEMOCRACIA
Durante la segunda etapa del gobierno militar se produjo la apertura al diálogo con los partidos políticos, tarea que fue encomendada al entonces ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, quien trazó un cronograma para desarrollar un plan político y estableció que correspondería a la ciudadanía aprobar una reforma constitucional que permitiera adelantar la entrada en funciones de un Congreso elegido democráticamente.
Sin embargo, el diálogo gobierno-oposición fue cancelado por Pinochet, lo que motivó la renuncia de Jarpa.
Ante la situación, la Iglesia Católica entró en acción y el Cardenal Juan Francisco Fresno comenzó a reunirse con distintos dirigentes políticos, encuentros que culminaron con la firma del "Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia" destinado a garantizar la institucionalidad democrática futura.
Por su parte, Pinochet reiteró que el camino institucional estaba en la Constitución y debía respetarse.
En 1987, el país entró en un período distinto con la visita de seis días del Papa Juan Pablo II. Ese mismo año, Pinochet aprobó el traslado del Congreso a Valparaíso y diez partidos políticos iniciaron su inscripción legal en el Servicio Electoral.
Sin embargo, la completa liberalización política del país llegó en 1988, año que la Constitución establecía que los ciudadanos chilenos ratificarían o no la continuidad del gobierno militar a través de un plebiscito, el que finalmente se llevó a cabo el 5 de octubre. Ese día, el triunfo de la opción "No", que obtuvo 54,7 por ciento de los votos, contra el 43 por ciento del "Sí", obligó a realizar elecciones presidenciales el 11 de diciembre de 1989.
Los comicios fueron ganados con mayoría absoluta por el demócrata cristiano Patricio Aylwin, abanderado de la Concertación de Partidos por la Democracia, que entonces reunía a 17 colectividades políticas. Tres meses después, en una ceremonia realizada en el edificio del Congreso ubicado en Valparaíso, Pinochet entregó el mando al nuevo Presidente constitucional.
RELACIONES INTERNACIONALES Y PROBLEMA LIMÍTROFE CON ARGENTINA
Las relaciones con los otros países no resultaron fáciles para el Gobierno de Augusto Pinochet, ya que desde su inicio el régimen militar despertó la preocupación mundial por haber derrocado al primer Presidente marxista elegido democráticamente.
El reconocimiento de las nuevas autoridades provino sólo de los países latinoamericanos, a excepción de México y Venezuela.
El resto del mundo repudió el pronunciamiento y, salvo China, todas las naciones socialistas rompieron relaciones. Incluso países europeos, como Italia, retiraron a sus embajadores, dejando en las representaciones diplomáticas a los encargados de negocios.
Asimismo, las Fuerzas Armadas debieron estar atentas a la situación con los países limítrofes. Especialmente las relaciones con Argentina vivieron un período bastante conflictivo hacia fines de los '70, debido a la disputa sobre la jurisdicción del Canal Beagle y las distintas islas e islotes, entre ellas Picton, Lennox y Nueva.
En este sentido, Augusto Pinochet prosiguió con la tarea iniciada por los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, con el objetivo de resolver diplomáticamente las diferencias.
Sin embargo, el 2 de mayo de 1977 las relaciones entre Santiago y Buenos Aires cambiaron al conocerse el laudo arbitral de la Reina Isabel II, fallo que confirmó la soberanía chilena sobre las islas y estableció la línea divisoria del Beagle, sujetándola a la orientación que según Chile tiene ese curso de agua.
A principios de 1978, la Junta Militar argentina declaró "insanablemente nulo" el laudo arbitral. Por esta razón, se decidió designar dos comisiones para analizar el conflicto. Tras reunirse en Santiago y Buenos Aires, los delegados redactaron un documento que planteaba que los gobiernos evitarían "acciones o actitudes contrarias al espíritu de pacífica convivencia" entre ambos países.
No obstante, luego de que la Armada argentina rechazara la idea de recurrir a la mediación del Vaticano para solucionar el conflicto, los militares comenzaron a realizar maniobras a ambos lados de la cordillera. Mientras tanto, los cardenales chileno y argentino, Raúl Silva Henríquez y Raúl Primatesta, respectivamente, hacían gestiones de alto nivel para frenar el conflicto.
Las flotas de ambos países estuvieron a escasas horas de encontrarse en altamar, pero una tormenta evitó que esto sucediera.
Las flotas de ambos países estuvieron a escasas horas de encontrarse en altamar, pero una tormenta evitó que esto sucediera.
Samoré falleció antes de ver terminada con éxito su misión el 2 de mayo de 1985, cuando los cancilleres de Argentina y Chile intercambiaron los instrumentos de ratificación de la paz ante Juan Pablo II
El Presidente Pinochet da a conocer al país el logro del
Tratado de paz y Amistad Chile-Argentina
VER LINK COLUMNA DERECHA
"La Guerra que Evitó el Papa",
Revista Ercilla, 18 de marzo de 1987
PRINCIPALES LOGROS DEL GOBIERNO MILITAR
“La Fundación Presidente Augusto Pinochet Ugarte tiene como su principal objetivo el mantener vigente los logros del gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden en sus aspectos políticos y económicos.
Es difícil asumir, en pocas páginas, la enorme y trascendente obra delGobierno Militar. Sin embargo, la Fundación ha querido publicar este breve documento, de fácil acceso a la lectura y cuyo desarrollo debe permitir a todos los chilenos recordar y perseverar los valiosos alcances que tiene para la Nación dicho Gobierno.
Esta obra de significación fue a concreción de deas originales e implementadas con la colaboración de muchas personas. Solo nombraré a algunas de ellas, como don Hernán Büchi, don Sergio de Castro, don José Piñera, don Carlos F. Cáceres, don Alfonso Márquez de la Plata y don Jorge Prado.
Para todos ellos, así como a muchos otros que hicieron una contribución entusiasta y desinteresada al Gobierno encabezado por el Presidente Pinochet, nuestros sentidos agradecimientos.”
Hernán Briones
Presidente
Fundación Presidente Augusto Pinochet Ugarte
UNA NUEVA CONSTITUCIÓN
El nuevo orden político institucional que necesitaba el país se plasmó en la redacción de una Carta Fundamental que sustituiría la Constitución vigente en 1973. Esta última, en aplicación desde 1925, había resultado insuficiente para enfrentar los problemas que sufrió el país por largos años y mas aun inoperante frente a los desbordes del régimen socialista que condujeron al país al mayor caos moral,político, soclal y económico de su historia.
La configuración de unanueva Carta debía, en primer lugar, consagrar la libertad de las personas como eje sustentador de sus normas y principios. Aprobada por amplia mayoría en 1980, la nueva Constitución Política de Chile, define un nuevo orden político y un nuevo orden económico, basados en la libre iniciativa privada y un Estado subsidiario, a la vez que refuerza a la familia como núcleo de una sociedad libe donde prevalezcan el respeto a las personas y su activa participación.
Las principales características de la nueva Constitución de 1980 son:
• Recuperación del estado de derecho, lo que implica la jerarquía de las normas constitucionales y la separación de los poderes públicos.
• Consolidación de las libertades individuales.
• Subsidiariedad del Estado.
• Fortalecimiento de las libertades individuales y sociales.
• Reconocimiento y consagración constitucional de derechos que no estaban debidamente resguardados
• Regulación de los estados de excepción constitucional. Y creación de un nuevo recurso de protección para defender las garantías constitucionales
• Organización de un Poder Ejecutivo fuerte, la racionalización del Poder Legislativo y el fortalecimiento del Pode Judicial.
• Creación de organismos que refuerzan la institucionalidad y dan a las personas nuevas instancias para defender sus derechos como el Tribunal Constitucional, el consejo de Seguridad Nacional. Se elevó a jerarquía constitucional la Contraloría General de la República.
• Consagración constitucional de la regionalización
Desde su puesta en vigencia, el 11 de marzo de 1981, la Constitución de 1980 ha regulado nuestra vida política, económica y social, transformando al país en una nación ordenada y sólidamente democrática.
EDUCACION SUPERIOR
Todo lo anterior ocurrió en un contexto de importante aumento de los años promedio de escolaridad de los chilenos que pasaron de un 4.5 % en 1970 a 8.7 en 1987 y la incorporación de los mas pobres al sistema, aspectos que contribuirían a mejorar significativamente la igualdad de oportunidades y la equidad del sistema educacional.
Mención aparte merece INACAP, institución entregada en comodato a la Confederación de la Producción y el Comercio, que se ha transformado en el principal centro de formación técnica superior del país con cerca de 50.000 alumnos y sedes en Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Chillán, Los Angeles, Concepción, Talcahuano, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas.
SISTEMA PREVISIONAL
La reforma al sistema previsionales una de las experiencias de transformación mas profundas y trascendentales realizadas por el Gobierno Militar. El nuevo mecanismo sustituyó al antiguo sistema de reparto por uno de capitalización o ahorro individual, de administración privada y respaldado por una normativa que aseguró un nivel de pensión mínimo por parte del Estado.
En el antiguo sistema, los trabajadores activos mediante sus cotizaciones, financiaban pensiones de los pasivos y tanto los beneficios de las pensiones, como las obligaciones de los trabajadores activos estaban fijadas por ley, sin que hubiera correspondencia entre lo cotizado y lo que recibían como jubilación. Esta falta de relación entre lo cotizado y la pensión recibida, se traducía en un incentivo para subdeclarar imposiciones junto a la presión de ciertos grupos por obtener beneficios mejores o adicionales, obligando al fisco a realizar aportes crecientes y provocando el desfinanciamiento del sistema.
Además, existía una total falta de uniformidad en el sistema. al momento de la reforma existían 32 Cajas de Previsión y mas de cien regímenes previsionales distintos, lo que produjo grandesdiferencias entre los mecanismos de cálculo de las pensiones y en los requisitos para jubilar y una abierta discriminación en contra de los grupos mas desposeídos y con menos poder de presión.
En 1981 se dicta el DL 3.500 que crea las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, que introducirá un cambio radical al sistema previsional y presentó las siguientes ventajas:
• Niveles de las pensiones directamente relacionadas con el esfuerzo individual
• Liberta de elección y rol activo de los afiliados.
• Competitividad del sistema
• Independencia respecto del presupuesto público.
• Equidad
• Aplicación del sistema de reparto paralas pensiones de invalidez y sobrevivencia.
• Menores costos para los afiliados.
• Menor impacto negativo sobre el empleo.
• Mayor acumulación de capital en la economía como un todo, ya que los fondos de pensiones están operando y rentando a través del mercado de capitales.
Con mas de veinte años de vigencia el nuevo sistema tiene hoy mas de 1.700.000 afiliados en las AFP que operan con un alto grado de competividad. Su buen funcionamiento lo ha convertido en un exitoso producto de exportación a numerosos países del mundo.
Lo que en un momento fue un audaz experimento de reforma previsional y una temeraria privatización de la seguridad social, hoy es una experiencia que ha sido emulada en varios países de América Latina y Asia. Los resultados observados en Chile motivaron en primera instancia a nuestros vecinos a efectuarreformas en sus sistemas de pensiones. En la primera mitad de los 90, lo hicieron Perú, Argentina, Colombia y Uruguay.
Posteriormente lo hicieron Bolivia, México, El Salvador, Costa Rica y la República Dominicana. Otros están trabajando en implementar el sistema, entre los que se encuentran Ecuador, Nicaragua, Lituania, República Eslovaca, Ucrania y Rumania.
En el mundo entero las expectativas de vida de las personas han ido creciendo. En estados Unidos mas de 100 mil personas tienen 100 años o mas y existen estudios que indican que a mitad de este siglo la vida humana llegará a los 150 años. Por otro lado las familias son cada día menos numerosas y la posibilidad para el Estado de pagar pensiones dignas se hará imposible, por lo que la solución adoptada por el Gobierno Militar es de enorme importancia.
REFORMA DE LA SALUD
Conseguir el mejoramiento del estado de salud de la población chilena significó para el Gobierno Militar iniciar una serie de acciones orientadas a modificar la desmedrada situación del sector en la línea de ampliar la participación privada. En 1979 se elimina la discriminación existente entre obreros y empleados y se aumentan las posibilidades de elegir a un vasto sector de la población gracias a la dictación del DL 2.575 que facultó a los obreros a acceder al Sistema de Libre Elección y permitió establecer convenios con instituciones privadas para la atención hospitalaria. Ese mismo año se reestructuran el Ministerio de Salud y el SNS, creándose el Sistema Nacional de Servicios de Salud, SNSS, formado por 27 entidades autónomas responsables de proporcionar servicios preventivos y curativos en zonas geográficas determinadas y dependientes cada una en forma directa del Ministerio.
A partir de 1980 se centraliza la función financiera del Fondo Nacional de Salud, FONASA, que tiene la responsabilidad de distribuir los recursos provenientes del Fisco, las cotizaciones de los afiliados al sistema y los pagos directos de los usuarios de la modalidad de libre elección. Además el FONASA, toma a su cargo la administración del régimen de prestaciones de salud en la modalidad de libre elección. Otro paso muy importante se dio en 1981 con el traspaso de los establecimientos de atención primaria a las municipalidades. A su vez, algunas de estas entidades delegaron la administración en corporaciones de derecho privado sin fines de lucro. Con esto se lograba desconcentrar la administración y se entregaba una mayor capacidad de decisión al nivel local. El proceso de traspaso finalizó en 1988.
En 1981 se crean las Instituciones de Salud Previsional privadas, ISAPRE. Con ello las cotizaciones obligatorias para la salud que hasta ese momento iban a la previsión estatal pudieron derivadas por libre decisión a alguna de estas instituciones y dentro de ellas a alguno de los planes de salud por éstas ofrecidos.
El aporte adicional de un 2 % por parte de las empresas, hoy suprimido, permitió que un mayor número de trabajadores accediera a este sistema y mejorara sus planes e salud, lo que hoy se ven imposibilitados de hacer.
Posteriormente, en 1985 se crea el Régimen de Prestaciones de Salud que estratifica a todos los beneficiarios del SNSSde acuerdo a sus ingresos, asegurándoles un nivel mínimo de salud compatible a sus aportes estableciendo gratuidad para los mas pobres.
Las acciones descritas permitieron aumentar los recursos sectoriales, alcanzar una mayor eficacia, incrementar la responsabilidad de las personas por su salud,mejorar la calidad de la atención y una constante mejoría del nivel de salud de la población. No obstante el gran desafío aún presente reside en que todos los chilenos tengan la posibilidad de elegir donde recibir atención de salud, ya sea en el sistema público o en el privado, operando ambos en total competencia.
REFORMA EDUCACIONAL
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
Hasta 1980 el sistema educacional chileno se caracterizó por una gran intervención de la educación estatal que alcanzaba a mas de un 80 % de la matrícula y una administración fuertemente centralizada, mostrando graves problemas: insuficiente cobertura, baja calidad y escasa capacidad para absorber a los mas pobres excluidos del sistema educacional.
Los salarios delos profesores eran muy bajos debido a que la burocracia consumía gran parte de los recursos y a que el estado era el principal empleador. No existía competencia entre los distintos tipos de establecimientos y se diseñaba un currículo rígido, condiciones que no promovían ni la eficiencia ni la calidad.
La imperiosa necesidad de corregir estas falencias originó un sistema de modernización de la educación que persiguió los siguientesobjetivos
• Mejorar la calidad de la educación
• Aumentar su cobertura
• Establecer igualdad de oportunidades e
• Impulsarla libertad de enseñanza
Para alcanzar estos objetivos se propuso un nuevo sistema de incentivos que establecía un esquema de subsidios a la demanda en función del servicio prestado, con lo cual se dio un fuerte impulso a la educación subvencionada. Complementando estapolítica se decidió que el Estadojo administraría mas escuelas a través del Ministerio de Educación y por ende tampoco continuaría siendo el principal empleador directo de los profesores.
Para ello se transfirieron a las municipalidades todos los establecimientos de educación básica y media que a esa fecha eran administrados por el Ministerio de Educación y algunas escuelas técnicas a entidades privadas sin fines de lucro. Asimismo, a partir de 1980 se incrementaron reforma curriculares. Es así que el establecimiento de este marco de incentivos y de reglas de participación equitativas que favorecieron la competencia, permitieron un notable incremento de la cobertura en estos niveles educacionales, ayudados por el considerable desarrollo de la participación del sector privado en la educación. En el nivel básico, el sector privado subvencionado pasó de una participación del 14 % de la matrícula total en 1980 a un 30.4 % en 1988. En enseñanza media, durante el mismo lapso, el sector privado subvencionado casi triplicó el número de alumnos, pasando desde un 15.9 % a casi un 40 %.
Entre 1971 y 1973 la educación superior, con un 4.8 % de la matrícula total del país (incluyendo a la educación básica y media) absorbía u 39.7 % del gasto fiscal total de educación. Esta cifra es elocuente especialmente si se considera que de acuerdo al Mapa de la extrema pobreza de 1970 un 43 % de los niños en esa condición no asistía a la escuela. Las primeras medidas adoptadas se orientaron a reducir el presupuesto de la educación superior para priorizar y aumentar el gasto destinado a la educación básica y media. Es así que entre 1978 y 1980 el gasto en educación superior había descendido a un 29 %.
Sin embargo, los problemas que aquejaban a este tipo de educación, que iban mucho mas allá de un exceso de gasto, requerían de una drástica reforma que se inicia a partir de 1980, cuando se comienza a dictar una normativa legal que corregiría el carácter cerrado y virtualmente monopólico del sistema universitario, reforzaría la libertad de enseñanza e introduciría la competencia a fin de mejorar la calidad académica.
Un primer texto legal definió lo que es una universidad, los grados y títulos que podían otorga y las modalidades de constitución y disolución. Se permitió la creación de nuevos establecimientos privados y se favoreció el surgimiento de los Institutos Profesionales. Simultáneamentese dictaron normas tendientes a obligar una racionalización y reestructuración institucional de las universidades. Además, como una de las líneas prioritarias de acción, se definió el impulso al desarrollo de la investigación científica tecnológicapara cuyo propósito se crea en 1981 el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología.
No obstante, la reforma que mayor impacto tendría en los años siguientes se refiere al sistemade financiamiento. La nueva normativa definió un financiamiento con cargo al presupuesto público constituido por tres componentes.
• Un aporte directo, que se distribuía exclusivamente entre las universidades existentes antes de la reforma y que se vió reducido con respecto a lo anteriormente entregado, con el fin de evitar la ineficiencia, ahorrar recursos fiscales y reducir las posibilidades de las instituciones estatales de competir deslealmente con las nuevas instituciones que aparecían al amparo de la nueva legislación
• Un aporte indirecto en función de la captación de los mejores puntajes en laspruebas de selección e ingreso.
El crédito fiscal otorgado a alumnos de escasos recursos a ser cancelado durante la vida profesional
Aunque aún subsisten deficiencias en el sistema, las modificaciones introducidas con la reforma permitieron un fuerte incremento,tanto de universidades privadas como de establecimientos de educación intermedia y el correspondiente aumento en el número de alumnos egresados de este nivel educacional. En la actualidad existen 64 universidades, 60 institutos profesionales y 116 centros de formación técnica a lo largo del país que colaboran en la formación del capital humano que exige un mundo altamente competitivo y tecnificado.
REFORMA LABORAL
Una de las mas importantes reformas introducidas por el gobierno Militar ha sido la reforma laboral contenida en el DL 2.200, que dio origen a la actual Código del Trabajo y que reemplazó la legislación vigente desde 1931. Esta última había favorecido claramente la ideologización de la relación entre trabajadores y empleadores, llegando a constituirse ésta en una permanente fuente de conflictos.
Los principales elementos que constituyeron la nuevalegislación fueron las siguientes:
• Igualdad jurídica ante la ley, que eliminó la distinción entre obreros y empleados
• Libertad de sindicalización, que terminó con la afiliación obligatoria y puso fin a la excesiva politización de las organizaciones
• Negociación colectiva por empresa. Se termina con un tipo de negociación que operaba como expresión de conflicto de clases y planteamientos reivindicacionistas frente al poder del capital. En adelante la negociación colectiva se hace al interior de la empresa con su base en la productividad y la eficiencia con claros beneficios económicos para los trabajadores.
• Derecho a huelga utilizado como instrumento de negociación y no de presión política
• Libertad para formar confederaciones de trabajadores, eliminando el monopolio político sobre los sindicatos y el esquema de central única
Con casi un cuarto de siglo de vigencia las reformas laborales han favorecido un clima de tranquilidad y eficiencia productiva, contribuyendo con ellosal crecimiento del país y al bienestar de los trabajadores, no obstante algunas modificaciones recientes que pueden haber generado la sensación de retroceder en algunos aspectos puntuales.
Todas estas actividades tuvieron un fuerte impacto. La población en extrema pobreza disminuyó entre 1970 y 1990 de un 21 % (1,9 millones) a un 11 % (1,4 millones). Entre las mismas fechas la esperanza de vida al nacer aumentó de 62 a 72 años y la tasa de mortalidad infantil se redujo desde 79.3 por cada mil nacidos vivos a 16. La escolaridad promedio de la población se elevó de 4,5 años a 9, en tanto que el porcentaje de niños pobres sin educación básica disminuyó del 43 % al 5 %. El analfabetismo se redujo desde un 11.8 % a un 5.4 %. Respecto a la vivienda e infraestructura entre las fechas mencionadas, la cobertura de agua potable urbana aumentó desde un 67 a un 97 %, mientras la cobertura rural lo hizo de un 34 % a un 86 %. El alcantarillado urbano aumentó desde un 31 % a un 83 %.
LUCHA CONTRA LA POBREZA
En 1970, de acuerdo al Mapa de la Extrema Pobreza, un 21 % de los chilenos (casi dos millones de personas), vivía en condiciones de miseria. A partir de esta realidad el Gobierno Militar debió concentrar sus esfuerzos en la erradicación de este flagelo a través de un conjunto de políticas destinadas a incrementar y perfeccionar los programas sociales.
En primer lugar se abordaron las políticas destinadas a invertir en recursos humanos y a mejorarel capital humano de la población. Entre los programas orientados a estos propósitos se puede mencionar: la atención primaria materno infantil, la alimentación complementaria, atención preescolar, aumento de la cobertura en educación básica y media, capacitación laboral y atención de menores en situación irregular.
Un segundo grupo de políticas se centra en los esfuerzos de mejorar la focalización del gasto, dirigiéndolo a los segmentos mas vulnerables de la población.
Además se pusieron en práctica políticas destinadas a redistribuir y hacer inversiones en activos físicos, en el entendido que accediendo a ellos los pobres podrían mejorar sus condiciones de ingreso en forma permanente y así superar su condición de pobreza. Los programas se desarrollaron en las siguientes áreas: vivienda, agua potable, alcantarillado y saneamiento de los títulos de dominio.
Paralelamente, se elaboraron las políticas asistenciales que proporcionaron mecanismos de complementación de los ingresos de las familias mas desposeídas de forma de satisfacer las necesidades mínimas dentro de lo que corresponde a la dignidad del ser humano. Entre éstos destacan la creación del subsidio único familiar y los subsidios de cesantía y programas especiales de empleo que se diseñaron en los períodos de crisis económica. En 1975 se establece además el régimen de pensionesasistenciales para inválidos y ancianos marginados de la previsión.
Inaugurando distintas poblaciones y entregando titulos de propiedad
GOBIERNOS LOCALES
Los gobiernos locales representan uno de os ámbitos en que es posible apreciar con mayor nitidez la transformación estructura del sector público que inició el gobierno Militar.
La reforma y modernización municipal se inicia con la dictación en 1976 del DL 1.289 que abordó perfeccionamientos de las áreas administrativas y de organización interna. Posteriormente, en l980 se concretaron cambios mas profundos con la dictación del DL 3.036 sobre Rentas Municipales, que descentraliza la adopción de decisiones en el campo financiero, y un conjunto de normas que, junto con reestructurar orgánicamente a los municipios, los faculta para asumir la administración de servicios en áreas que hasta ese momento eran administrados centralizadamente, cumpliendo con el rol que les encarga la Constitución de 1980.
Una delas mas importantes innovaciones que definió la legislación es el Fondo Común Municipal formado con aportes de los propios municipios y recursos fiscales que posteriormente son distribuidos a las comunas de acuerdo a los parámetros prediseñados que consideran la situación socioeconómica, el número de habitantes y otros factores territoriales. Con este instrumento redistributivo se puso término a la diferencia entre comunas pobres y comunas ricas.
En lo que respecta a la administración de servicios sociales los municipios pasaron a jugar un rol fundamental por ser los órganos de gobierno de mayor cercanía a la comunidad. Entre los múltiples servicios que les fueron transferidos destacan los educacionales, con el traspaso de las escuelas públicas de educación básica, media y técnico-profesional y de salud, con el traspaso de los consultorios de atención primaria.
Otros de los aspectos relevantes en el proceso de modernización municipal se refiere a modificaciones en el ámbito técnico financiero. Entre estas innovaciones se destacan :la creación a nivel de cada comuna de las Secretarías Comunales de Planificación y Coordinación; la delegación en el sector privado de obras y servicios que tradicionalmente fueron efectuadas directamente por funcionarios públicos; la promoción de la eficiencia, mediante el estímulo de la competencia entre los municipios para postular a financiamiento de proyectos de desarrollo; la racionalización y mecanización de los sistemas de cobro de derechos, patentes, y otros ingresos municipales; y la creación a nivel nacional de mecanismos financieros uniformes y modernos.
LA GRAN REFORMA ECONOMICA
El Gobierno Militar se hizo cargo de un país con su economía desintegrada y virtualmente quebrado, ya que sus activos no alcanzaban para hacer frente a las obligaciones contraídas. Con grandes esfuerzos de la población se inició el proceso de saneamiento, optando por la implementación de un modelo de libre mercado y la adopción de un programa que se basó en cuatro pilares fundamentales
La Apertura Económica
Hacia fines de 1973 la economía chilena estaba cerrada al exterior con aranceles de importación que promediaban el 105 % y la prohibición de importar muchos productos . Ya en 1977 el arancel se había uniformado en 10 %, lo que significó que el aparato productivo comenzara a enfrentarse a la competencia externa, situación desconocida para el país desde hacía varias décadas. Si bien este enfrentamiento fue difícil, hoy día importantes sectores de nuestra economía lideran este proceso, siendo las principales generadoras de divisas y han colocado a Chile en el liderazgo en el mundo con exportaciones de frutas, salmones y vino entre varios otros productos. Este proceso de apertura culmina hoy día en una situación en nuestro país ha establecido acuerdos de libre comercio con las principales economías del planeta.
Ordenamiento de las Cuentas Fiscales
El déficit fiscal alcanzó mas del 30 % a fines del gobierno de Allende. Los gastos públicos que ascendieron a 41 % del PIB en 1973 se redujeron 20 % en el año 1989. Así, mientras se recuperaban los ingresos, el desequilibrio fiscal disminuyó a un 2 % del PIB en 1975.
Sin embargo, este proceso de reordenamiento no solo contempló recortar gastos innecesarios, sino que exigió cambiar la institucionalidad que regía a este sector y ello se tradujo en una norma vigente hasta hoy día que obliga a que todo gasto público tenga su correspondiente financiero, no pudiendo éste provenir de préstamos del Banco Central.
Autonomía del Banco Central
Se otorgó autonomía al instituto emisor en las políticas monetarias y cambiaria, al tiempo que se le encomendó velar por la estabilidad de precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Esta independencia con respecto al Presidente de la República impide el manejo político de la institución con fines electorales o de apoyo a la política económica del Ejecutivo. Este modelos de autonomía, bastante antiguo en el mundo industrializado, es relativamente nuevo en Sudamérica y Chile lo puso en práctica antes que otros países del continente. Conviene destacar que desde su inicio el directorio del Banco Central estuvo formado en partes iguales por representantes del Gobierno y la oposición, lográndose así una actuación equilibrada e independiente, en la que primaron los criterios técnicos por sobre los partidistas.
Privatizaciones
La implementación de estas reformas fue de enorme importancia en cuanto contribuyeron a lograr ,los aumentos de productividad necesarios para sostener la expansión económica en el largo plazo. En este proceso son muy relevantes las privatizaciones, ya que no solo transfirieron propiedad, sino que las empresas fueron traspasadas a personas que tenían los incentivos adecuados para maximizar su productividad. Ello se tradujo en la creación de nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo, y permitió a los consumidores chilenos acceder a bienes y productos de mejor calidad a precios mas bajos gracias a la competencia existente.
Numerosos son los sectores productivos que se vieron beneficiados y potenciados gracias a estas reformas microeconómicas, como podrá apreciarse en las siguientes líneas, en las que se mencionan aquellos que han alcanzado el mayor desarrollo y contribuido mas fuertemente al crecimiento del país.
MODERNIZACIONES SECTORIALES
Agricultura
En el gran potencial exportador de productos agropecuarios de Chile se vio anulado por la política proteccionista seguida a partir de los años 30. El término de la reforma agraria juntocon el proceso de saneamiento de los títulos de propiedad de la tierra y principalmente la apertura de nuestra economía fueron decisivos para el desarrollo del sector. Gracias a ello Chile se ha convertido en uno de los mayores exportadores de fruta fresca del mundo al aprovechar las ventajas comparativas que le reporta nuestro clima es así que las exportaciones de fruta llegaron en el año 2003 a US$ 1.667 millones (FOB) con una superficie plantada al año 2002 de 214.485 hás.
Otro tanto ha sucedido con el sector forestal que también vio frenado su potencial por las restricciones que existían antes de 1974 para su exportación. Gracias a la apertura de la economía se produjo una rápida expansión de las plantaciones y posteriormente de los volúmenes exportados, no solo de la materia prima, sino también de productos derivados con valor agregado.
Minería
Al asumir el gobierno Militar se encontró con los litigios derivados de la nacionalización, que había consistido en un virtual despojo a las empresas extranjeras de sus inversiones en el sector minero. Tampoco había alguna claridad en las normas para quienes desearan ejercer el derecho de explorar y explotar yacimientos minerales, por lo uqe el desarrollo del sector se encontraba en franca declinación
Inicialmente las autoridades, conscientes que nuestro país carecía de capitales suficientes para respaldar este desarrollo, llegó a fórmulas de acuerdo con las empresas expropiadas, dando el primer paso para restaurar la seriedad en el trato de la inversión extranjera.
Con posterioridad, a través de la Constitución de 1980 y de la Ley Orgánica Constitucional sobre concesiones mineras, se fijaron las normas pertinentes, dotando a la concesión de los atributos esenciales para el derecho a explorar y explotar los yacimientos. A esta legislación se sumó luego en 1983 el Código de Minería
La Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras,reafirmó la propiedad de éstas en manos privadas. Por su parte, el Código de Minería estableció definiciones claras y precisas, siendo su principal objetivo garantizar la estabilidad y seguridad de las concesiones.
Esta legislación, que es aplicable a nacionales y extranjeros, ha rendido ahora sus frutos, gracias a lo cual el sector ha contado con una fuerte inversión que a la fecha asciende a US$ 18.000 millones. A su vez las exportaciones de cobre han alcanzado a US$ 7.502,5 millones (FOB), en tanto que las no cobre metálicas y o metálicas llegaron a US$ 958 millones (FOB) en 2003.
Sector Eléctrico
Como consecuencia de la congelación de precios establecida en 1971 las empresas del sector eléctrico, tanto estatales como privadas, sufrieron graves dificultades financieras. En los primeros años posteriores a1974 el Gobierno Militar inició un proceso de racionalización y normalización del sector que buscó corregir la preponderante participación estatal, la imposición de regulaciones de precios de carácter político, las tarifas ineficientes, definiendo una estrategia consistente con la política general de desarrollo postulada por el país. Esto es, buscando el máximo bienestar de la población dentro de condiciones de eficiencia en un marco de subsidiariedad del Estado.
En 1978 comienza el proceso sistemático de reordenamiento institucional con objetivos de descentralización, búsqueda de eficiencia, competencia y participación privada. La privatización propiamente tal fue conducida con cautela y mucho pragmatismo en cuanto a su velocidad. Las primeras no se efectuaron antes de 1980. Cabe destacar aquí que en este proceso se vieron favorecidos no solo inversionistas institucionales, sino también numerosos particulares y los propios trabajadores a través del llamado “capitalismo popular”
Tanto las privatizaciones como los cambios de política en el sector eléctrico han sido de gran importancia para el desarrollo del país. En primer lugar, cabe señalar que a poco andar as empresas mostraron el saneamiento de su situación financiera. Un segundo elemento positivo fue la eficiencia global del sector que se reflejó en tarifas ajas a nivel mundial, lo que benefició a los consumidores. A ello hay que agregar un incremento en la cobertura del servicio. Y en tercer lugar se debe destacar que la estabilidad en las reglas del juego ha favorecido la inversión en el sector.
Actualmente la actividad de generación de energía opera como un mercado competitivo y la transmisión y distribución presentan regulación de tarifas por considerarse monopolio natural .Tanto la institucionalidad reguladora como la ley de tarifas elaboradas durante el Gobierno Militar han sido claves en el desarrollo de este sector.
Sector Telecomunicaciones
La nueva Política Nacional de Telecomunicación que elaboró el Gobierno Militar en sus inicios se materializó legalmente en la Ley General de Telecomunicaciones promulgada en 1982, que consagró el libre y no discriminatorio acceso de los particulares al desarrollo de los servicios de telecomunicaciones del país. Establecía también el control técnico del desarrollo de estos servicios a través de autorizaciones otorgadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones SUBTEL. En relación a las tarifas de los servicios la ley estableció una libertad en general, pero facultó a la autoridad para regularlas en caso de situaciones monopólicas.
Entretanto, ya desde 1974, se inicia un proceso de normalización de las grandes empresasestatales del sector (CTC yENTEL), lo que posibilitaría después de 1985 su privatización. En este sentido, en un intento por descentralizar el sector se filializó CTC.
En 1982 se derogó el monopolio estatal de los servicios de telegrafía y telex nacionales y se crea a empresa Teles Chile S.A. como filialde CORFO. Esta fue privatizada en un 100 % en 1985.
Otro hito importante en la modernización del sector fuepermitir la transferencia de los contratos telefónicos entre particulares, lo cual significó reconocer a los titulares de esos contratos un derecho de propiedad sobre los mismos y entregó una solución de mercado tendiente a repartir económicamente la garve escasez de íneas existentes entonces.
En 1981 nacen las dos primeras empresas privadas de telefonía: CMET y Manquehue.
En 1985, frente a las grandes necesidades de inversión que mostraba, el sector es abierto a las participación privada nacional y extranjera. Desde entonces a la fecha el desarrollo de las telecomunicaciones en Chile ha sido rápido y exitoso, lo que lo ha colocado a la vanguardia enLatinoamérica y con respecto de muchos países del mundo Por otra parte, el país ha estado en condiciones de introducir con enorme éxito tecnologías de punta como a telefonía celular, la digitalización de la red y el uso de la fibra óptica, entre otras, y de introducirmayor competencia en el desarrollo de larga distancia a través del sistema multicarrier.
Sector Transportes
En los casos del transporte naviero, aéreo y de operación portuaria se realizaron modificaciones al ordenamiento jurídico que buscaron establecer un sistema competitivo y abrir la participación al sector privado.
Las modernizaciones realizadas en el ámbito portuario han sido de gran importancia como complemento de las actividades del comercio exterior. En 1973 los puertos chilenosregistraban un enorme atochamiento. La principal causa de esta ineficiencia se econtrab en los bajos rendimientos del sector laboral portuario, producto de su posición monopólica. A partir de 1973 se llevaron a cabo pequeñas reformas que posibilitaron que se incorporara un mayor número de de trabjadores ocasionales y empresarios privados a las faenas portuarias, mediante la congelación del sistema de matrículas, impidiendo que EMPORCHI adquiriera nuevos equipos y efectuando una racionalización del personal. Noobstante, la principal modificación fue el término del monopolio laboral, en virtud de la dictación en 1981 de la ley Nº 18.032,que abrió el acceso al mercado laboral portuario a toda la fuerza de trabajo del país. A partir de ese mismo año se llevó a cabo la racionalización del sistema tarifario de EMPORCHI y se aumentó a tres turnos el trabajo portuario, con lo que se mejoró la eficiencia en la ocupación de la infraestructura existente.
En lo que respecta al transporte aéreo, durante el Gobierno Militar se realizaron as siguientes importantes modernizaciones:
• A partir de 1977, aunque solo administrativamente, se comienza a levantar las restricciones para los operadores extranjeros en el movimiento de carga. Poco después la Junta de Aeronáutica Civil decidió aprobar todas las peticiones para entregar servicios de pasajeros a menos que Lan Chile en el plazo de una semana demostrara que ello le resultaba perjudicial, con lo cual se sentaban las bases de la desregulación del mercado aéreo.
• La libertad tarifaria para el transporte aéreo regular de carga enre Chile y otros países se decretó en diciembre de 1978 conjuntamente con otro Decreto Supremo que aprobó a misma libertad para el transporte aéreo regular internacional de pasajeros. En junio de 1979 se establece la libertad de acceso al mercado y libertad de tarifas, entregando a la autoridad, de acuerdo a las normas internacionales, las atribuciones para aplicar sobre la base del principio de reciprocidad restricciones a empresas de terceros países en rutas en que las empresas chilenas estuvieren restringidas por otro estado, y fijar tarifas en aquellas rutas en que, por disposición de otro estado, no existiere esa libertad
• Posteriormente, en noviembre de 1981, es dictada la Ley Nº 18.063 que entregó a la JAC las atribuciones que mantienen hasta hoy y que le proporcionó las herramientas para negociar de mejor forma ante las autoridades de otros países los derechos aéreos de Chile, y buscar a través de ello un mayor grado de apertura en os mercados aéreos.
• Estas políticas implementadas generaron condiciones de competencia que se tradujeron en incrementos de frecuencia, descenso en los costos y una mayor cobertura aérea desde nuestro país.
En transporte ferroviario se efectuaron avances racionalizando la empresa estatal, centrándola en las labores que le son propias y en las que mostraba ventajas comparativas. En una pequeña medida se logró introducir la participación privada, especialmente en mantención y reparación de equipos e infraestructura.
Inaugurando Villa Las Estrellas en la Antártida Chilena
GOBIERNO MILITAR: TIEMPOS DE RECONSTRUCCIÓN
(Corporación 11 de Septiembre)
TIEMPOS DE RECONSTRUCCIÓN
• Reconstrucción del Orden Social
• Reconstrucción Económica
• Enfrentando la Guerra Irregular
RECONSTRUCCIÓN DEL ORDEN SOCIAL
El Gobierno Militar permitió la creación de una nueva y renovada democracia capaz de preservar a sus instituciones de la infiltración totalitaria, y de favorecer una participación constructiva e integrada, y no demagógica o disgregadora. Esta nueva democracia logró armonizar el respeto a los derechos naturales del ser humano con el orden público y la seguridad nacional, en un mundo que afrontaba el flagelo terrorista y una guerra ideológica total entre marxismo - leninismo y libertad.
Los comienzos fueron difíciles, ciertamente la medida de Pinochet de prohibir toda actividad política por unos años tras el golpe militar se justifica en principio. Como demuestra nuestro recuento anterior del período previo al 11 de septiembre de 1973, Chile vivía una polarización total y una amenaza real de guerra civil. No sólo toda la Izquierda sino una buena parte del Centro habían participado en las políticas económicas y sociales que habían llevado directa o indirectamente al quiebre que movió a los militares a intervenir. Era necesario dar tiempo para enfriar los ánimos, para suprimir los elementos políticos fundamentalmente opuestos al orden legal y constitucional, y para permitir surgir a una nueva generación de líderes políticos que fueran capaces y estuvieran dispuestos a hacerse cargo de un Chile moderno, próspero y estable.
Una vez que Pinochet y los miembros de la Junta Militar hubieron restablecido la estabilidad y creado el marco para la prosperidad, comenzaron a poner en práctica las bases para un retorno gradual a la política regular. En 1978 se puso fin a la mayoría de los poderes especiales del "estado de sitio" y al toque de queda. Por primera vez los civiles fueron mayoría en el Gabinete.
También hubo en 1978 una amnistía general que favoreció a los presos políticos, sobre lo que podría decirse algo debido a su relevancia en el "caso Pinochet". Los principales beneficiados con esta amnistía no fueron Pinochet y los militares sino más bien la Izquierda. En virtud de esta ley fueron dejados en libertad 1.475 izquierdistas previamente condenados por tribunales militares de actividades subversivas o terroristas, junto con 578 militares y miembros de Carabineros. La ley de amnistía fue una de las condiciones necesarias para la realización de un plebiscito y la entrega del mando del Gobierno Militar. Hoy el gobierno pretende desconocerla, violando uno de los pilares básicos de la transición.
El 8 de agosto de 1980 se publicó la nueva constitución. El plebiscito nacional aprobó por un amplio 66% las proposiciones, y en consecuencia la nueva Constitución entró en vigencia en marzo de 1981. Como parte de los términos de esta nueva declaración constitucional, Pinochet se mantendría en el poder por un período de transición de ocho años al cabo de los cuales la Junta escogería un candidato único y lo sometería al referéndum popular. Si dicho candidato no obtenía el 50% de los votos, un año después se harían elecciones abiertas con candidatos múltiples. En abril de 1987 se levantó la prohibición a la asociación pública de partidos políticos y comenzó la carrera. El 5 de octubre de 1988 Pinochet, el candidato de la Junta, obtuvo el apoyo de un 44% del electorado, 7 puntos más que Allende en 1970, pero no alcanzó la votación necesaria para mantenerse en el cargo.
El presidente Pinochet respetó la constitución y anunció inmediatamente que se iba. En las posteriores elecciones de 1989 la victoria fue para el candidato de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin. Así, la democracia fue primero salvada y luego totalmente restablecida.
RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA
En Enero de 1980, el Banco Mundial publicó un exhaustivo estudio de la economía chilena en el cual se menciona:
"Bajo circunstancias extraordinariamente desfavorables las autoridades chilenas han desarrollado un vuelco económico sin precedente en la historia de Chile.
Cuando el Gobierno Militar asumió el poder en septiembre 1973, la inflación había alcanzado una tasa anual cercana al 1,000 %, las reservas internacionales netas eran negativas, deuda externa impaga, y la producción declinaba por segundo año consecutivo. El déficit de gobierno por sí solo excedía el 20 % del Producto Geográfico Bruto (PGB), la oferta monetaria se encontraba fuera de control, el sistema financiero colapsado ..."
Allende recibió el gobierno con un nivel de reservas de 343 MMUS$, menos de tres años después tenía un déficit de 300 MMUS$.
Se pretendió resolver los problemas de la economía con la emisión descontrolada de dinero. En 1971 y 1972 se imprimió un 670% más de dinero que en 1970.
El IPC tuvo un incremento de un 842%.
Lo anterior fue el natural producto de las políticas económicas de gobierno. Algunas de ellas fueron :
El gobierno de Allende asumió el control de todos los bancos chilenos e ipso facto, de las deudas, ahorros y activos transables. Lo anterior produjo la estampida empresarial.
Gasto fiscal desatado, financiado básicamente con la impresión de dinero.
Intervención estatal de empresas. Al 29 de Junio de 1973, 282 grandes empresas, productoras de más del 50 % de la producción nacional, habían sido "intervenidas".
El gobierno de Allende "intervino" y redistribuyó aproximadamente 5,800 fundos bajo el programa de la Reforma Agraria. Aproximadamente un 50% de estos fueron ilegalmente intervenidos por elementos del MIR, mediante el uso de la fuerza, con al menos una tolerancia tácita del gobierno. A mediados de 1973 un 40% de la tierra cultivable chilena había sido expropiada y redistribuida, la producción agrícola cayó en un 22%, la escasez de alimentos se hizo aguda y las personas que no podían abastecerse del costoso mercado negro debieron hacer colas de horas y horas para proveerse de los alimentos básicos.
Las circunstancias de caos económico descrito anteriormente llegaron a ser tan patéticas que se llegó al punto de estar importando papas desde Polonia y cerdo desde China, sin embargo aún así no se encontraban estos productos en el comercio.
La pérdida de créditos e inversión extranjera, principalmente de EEUU, ocasionada por la expropiación de activos estadounidenses sin compensación. La ayuda de la Unión Soviética, que si bien se supo colaboró en la campaña electoral de Allende con 20 MMUS$, decayó al mínimo ante la situación económica chilena. La Unión Soviética no estaba dispuesta a mantener a una segunda Cuba en este hemisferio. La ayuda que brindó fue a través de crédito por 12 años para que Chile comprara maquinaria y equipamiento ruso a cambio de la compra de una cantidad menor de cobre por un período de dos años.
La economía estaba en ruinas. Una encuesta a una cadena popular de almacenes cooperativos a fines de 1972 mostró que de un rango de 3.000 productos básicos para el hogar que antes vendían, 2.500 ya no existían. En enero de 1973 comenzó el racionamiento. Había hiperinflación, y colas tan largas que la gente se quedaba sin ir a trabajar. Quienes protestaban eran apaleados. Entonces el 7 de septiembre Allende anunció que quedaba harina para tres días. Con la hambruna ad portas, era el fin.
En Febrero de 1974 el Presidente Pinochet da a conocer da a conocer las primeras cifras del desastre. El país debe 200 mil millones de escudos y tiene en las arcas del Banco Central apenas 200.
Sólo hay una salida; trabajar duro. El Presidente expone que las medidas serán drásticas y duras pero que con el esfuerzo de todos se reconstruirá el país y así fue.
Especialmente se preocupó el gobierno de adoptar un rol subsidiario en la erradicación de la miseria. Se comienzan a sentar las bases de lo que sería la "economía social de mercado", modelo en que se aprovecha la capacidad innovadora de las personas en la creación de riqueza, en un mercado libre.
Fue decisivo para la economía fomentar políticas que permitieran desarrollar un modelo exportador.
El orden era necesario para asegurar el derecho a la propiedad privada, luego del desprecio mostrado por el gobierno de Allende. Y fue esencialmente en el respeto a la propiedad en que se basó la nueva prosperidad alcanzada con Pinochet.
Se eliminaron los controles a la importación, al tipo de cambio y las inversiones, lo cual significó la total reversión de las políticas estatistas y proteccionistas que habían mantenido pobres a los chilenos por décadas. El resultado fue que Chile emergió de los diecisiete años del gobierno de Pinochet como un país modelo en América Latina y en el mundo.
No tuvo Pinochet condiciones externas favorables, ni mucho menos. Por casi todo su período fue ensombrecido por una y otra nube internacional. Además, la crisis del petróleo de 1974 con su efecto devastador sobre los precios de las materias primas golpeó muy duro a Chile, mientras todavía lidiaba con la herencia de Allende.
En 1975 la producción cayó en un 13 por ciento. Nuevamente, la crisis del endeudamiento agravada por la falencia de México a comienzos de los ochenta, tuvo un nuevo efecto desolador en el sobre endeudado Chile: el PGB cayó en otro 13% en 1982 y en 4% en 1983.
Pero las crisis habían quedado atrás. Los años siguientes el crecimiento fue saludable, superior al 3%, y luego despegó, algunos años sobre el 6% (1977-1981, 1984, 1987-1989). Y para desengaño de los fatalistas que preveían un levantamiento de las masas impulsado por la pobreza, el nivel de vida general del país creció notablemente.
A continuación se presenta una comparación de algunos indicadores de las condiciones de vida en 1973 y en 1996, atestiguando los logros alcanzados por Pinochet y sus colaboradores al dar la espalda al socialismo:
Los atentados cobardes, las voladuras de torres de alta tensión, la detonación de explosivos y los robos fueron pan de cada día. A continuación se presentan algunas noticias en diarios de la época.
En junio de 1974 se creó la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, para continuar las tareas contra el terrorismo y la subversión. Los logros de la DINA fueron reales. Pero fue también entre 1973 y la abolición de la DINA por parte de Pinochet en 1977 que se cometieron los más inexcusables abusos, en ocasiones perpetrados por alto personal de la Agencia.
Tales abusos son, sin duda, deplorables. Pero no existe ninguna evidencia de la participación del general Pinochet en ellos. Más aun, no debiera quedar duda de la realidad de la amenaza que enfrentaba el país, y que fue esencialmente esta amenaza continua la que garantizó un grado de impunidad a los escépticos del aparato de seguridad.
Los hechos hablan por sí solos. Por ejemplo: en 1974 cincuenta y dos miembros de las fuerzas armadas y de la policía fueron muertos o heridos en ataques terroristas
En 1975 hubo 25 casos similares. Luego hubo una tregua en la actividad terrorista, aunque no en la determinación de los marxistas de derrocar el régimen
En 1979, el secretario del Partido Comunista chileno Luis Corvalán, amenazó que Chile "podía convertirse en una segunda Nicaragua"
En 1980 tuvo la visión de una nueva era de "violencia aguda". Y en realidad los primeros años de la década de los ochenta vieron un importante rebrote de los ataques terroristas, al reagruparse las fuerzas comunistas del "Frente Popular Manuel Rodríguez".
La acción se organizaba principalmente en Cuba, como reconoció el Departamento de Estado de los Estados Unidos en un informe al Subcomité Senatorial de Asuntos Externos el 14 de diciembre de 1981. Nuevamente el intento de desestabilizar el país fue sofocado.
Un buen "termómetro" de la actividad extremista se puede apreciar analizando el armamento incautado a los grupos terroristas.
Incautación de armamento, municiones y explosivos a la guerra irregular entre los años 1973 y 1980.
En el período posterior a 1980 las muertes de terroristas registradas suman 389 personas . (La información corresponde al Informe Rettig)
Podemos observar cómo entre el período 1973-1979 el poder bélico extremista fue drásticamente disminuido, lo que se correlaciona con el número de muertes en esos años en franca disminución y en el número y tipo de atentados perpetrados. A partir del año 1978/79 y hasta mediados de la década de los 80 la escalada terrorista fue notoria. Ello se enmarca en el comienzo de una década en que el Estado de Chile diseñó el esquema de una nueva institucionalidad sobre la base de un ordenamiento jurídico acorde a los valores nacionales y con una intención evidentemente integradora.
El partido Comunista aprovechó este momento para reforzar y optimizar la "Guerra de Propaganda", desde donde difundió su doctrina y plan de acción.
El MIR se reestructuró tanto política como militarmente. Recibió apoyo de líderes extremistas como Pascal Allende que vinieron a Chile a consolidar el movimiento y fijar objetivos. Se dispuso un violento plan de trabajo para ser aplicado en 1979, denominado "ofensiva de la resistencia" que consistió en programar 3 acciones de propaganda armada mayores y 10 sabotajes explosivos mensuales, en la zona central de Chile y un número equivalente en el resto del país.
La acción represiva del Gobierno Militar se dirigió siempre contra la subversión y el terrorismo y si bien consiguió neutralizar su acción, nunca logró la derrota total de los cuadros extremistas. Entre el 82 y 83 la creación del Frente Manuel Rodríguez marca una nueva era de violencia y terrorismo que se refleja en un aumento en el número de muertes de terroristas
Se verifican entre los atentados más violentos las muertes de militares y carabineros en ejercicio de sus funciones, realizadas por grupos de combate del MIR.
• 15 de Julio de 1980 : Homicidio del Director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, Teniente Coronel Roger Vergara Campos y dos acompañantes.
• 30 agosto de 1983: Homicidio a Intendente de Santiago General Carol Urzúa y 2 escoltas.
Significativamente, fue en la misma época en que Pinochet ya había empezado a poner a Chile de vuelta en el camino a la democracia que ocurrió el más grave atentado para destruirlo.
A comienzos de 1986 las fuerzas de seguridad chilenas descubrieron un enorme arsenal de armas cubanas, suficiente para armar a 5.000 hombres, aunque aparentemente era apenas parte de una cantidad mayor cuyo escondite sigue en el misterio.
Parte de este armamento, escondido en manos de 70 terroristas, se usó en un cuidadosamente planeado intento de asesinato contra Pinochet.
Afortunadamente salvó ileso pero 5 de sus escoltas murieron. Tampoco fue su personal de seguridad las únicas víctimas ese año; en todo 1986 murieron 23 personas por actos terroristas, incluyendo pasajeros de metro, bus y peatones.
Ante tanta acción terrorista de respaldo soviético y patrocinio cubano perpetrado por comunistas no es de extrañar que el gobierno militar reforzara la lucha, y en cuando un gobierno refuerza su lucha ocurren abusos. Pero el hecho es que el orden es mejor que el desorden, y la legalidad es mejor que la ilegalidad.
La acción de Pinochet restauró la legalidad y el orden en Chile.
De no ser por lo oportuno y efectivo del Pronunciamiento Militar, la situación de muertes podría haber llegado a millones. El plan Z podría haber sido concretado y habríamos pasado a ser la segunda Cuba. Esa Cuba que hoy ostenta 48,000 fusilados, 400,000 presos y un millón y medio de exiliados y donde existe pena de muerte a quienes intenten abandona la isla.
El 13 de Julio de 1995 un remolcador con 72 cubanos que intentaba huir fue interceptado muriendo asesinadas 41 personas entre ellos 22 niños.
REFORMAS LABORAL-PREVISIONAL-EDUCACIONAL
(Temas de Felipe San Martín Traipi)
Reforma Laboral
Una de las más importantes reformas introducidas por el Gobierno Militar ha sido la reforma laboral contenida en el DL 2.200, que luego dio origen al actual Código del Trabajo y que reemplazó la legislación vigente desde 1931. Esta última había favorecido claramente la ideologización de la relación entre trabajadores y empleadores, llegando a constituirse ésta en una permanente fuente de conflictos.
Los principales elementos que constituyeron la nueva legislación fueron los siguientes:
* Igualdad jurídica ante la ley, que eliminó la distinción entre obreros y empleados.
* Libertad de sindicalización, que terminó con la afiliación obligatoria y puso fin a la excesiva politización de las organizaciones.
* Negociación colectiva por empresa. Se termina con un tipo de negociación que operaba como expresión de conflicto de clases y planteamientos reivindicacionistas frente al poder del capital. En adelante la negociación colectiva se hace al interior de la empresa con su base en la productividad y la eficiencia con claros beneficios económicos para los trabajadores.
* Derecho a huelga utilizando como instrumento de negociación y no de presión política.
* Derecho a huelga utilizado como instrumento de negociación y no de presión política
* Libertad para formar confederaciones de trabajadores, eliminando el monopolio político sobre los sindicatos y el esquema de central única.
Con casi un cuarto de siglo de vigencia, las reformas laborales han favorecido un clima de tranquilidad y eficiencia productiva, contribuyendo con ello al crecimiento del país y al bienestar de los trabajadores, no obstante algunas modificaciones recientes que pueden haber generado la sensación de retroceder en algunos aspectos puntuales.
Sistema Previsonal
La reforma al sistema provisional es una de las experiencias de transformación más profundas y trascendentes realizadas por el Gobierno Militar. El nuevo mecanismo sustituyó el antiguo sistema de reparto por uno de capitalización o ahorro individual, de administración privada y respaldado por una normativa que aseguró un nivel de pensión mínimo por parte del Estado.
En el antiguo sistema los trabajadores activos mediante sus cotizaciones, financiaban las pensiones de los pasivos y, tanto los beneficios de las pensiones, como las obligaciones de los trabajadores activos estaban fijadas por ley, sin que hubiera correspondencia entre lo cotizado y lo que recibían como jubilación. Esta falta de relación entre o cotizado y la pensión recibida, se traducía en un incentivo para subdeclarar imposiciones, junto a la presión de ciertos grupos por obtener beneficios mejores o adicionales, obligando al fisco a realizar aportes crecientes y provocando el desfinanciamiento del sistema.
Además, existía una total falta de uniformidad en el sistema. Al momento de la reforma existían 32 Cajas de Previsión y más de cien regímenes previsionales distintos, lo que produjo grandes diferencias en los mecanismos de cálculo de las pensiones y en los requisitos para jubilar y una abierta discriminación en contra de los grupos más desposeídos y con menos poder de presión.
En 1981 se dicta el DL 3.500 que crea las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, que introducirán un cambio radical al sistema provisional y presentó las siguientes ventajas:
* Niveles de pensiones directamente relacionadas con el esfuerzo adicional.
* Libertad de elección y rol activo de los afiliados.
* Competitividad del sistema
* Independencia respecto del presupuesto público
* Equidad
*Aplicación del sistema de reparto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia.
* Menores costos para los afiliados
* Menor impacto negativo sobre el empleo
* Mayor acumulación de capital en la economía como un todo, ya que los fondos de pensione están operando y rentando a través del mercado de capitales.
Con más de veinte años de vigencia, el nuevo sistema tiene hoy más de 1.700.000 afiliados en las AFP que operan con un alto grado de competitividad. S buen funcionamiento lo ha convertido en un exitoso producto de exportación a numerosos países del mundo.
Lo que en un momento fue un audaz experimento de reforma provisional y una temeraria privatización de la seguridad social, hoy es una experiencia que ha sido emulada en varios países de América Latina y Asia. Los resultados observados en Chile motivaron en primera instancia a nuestros vecinos a efectuar reformas en sus sistemas de pensiones. En la primera mitad de los 90, lo hicieron Perú, Argentina, Colombia y Uruguay.
Posteriormente lo hicieron Bolivia, México, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana. Otros países están tratando de implementar el sistema entre os que se encuentran Ecuador, Nicaragua, Lituania, República Eslovaca, Ucrania y Rumania.
En el mundo entero las expectativas de vida de las personas han ido creciendo. En Estados Unidos más de 100.000 personas tienen 100 años o más y existen estudios que indican que a mitad de este siglo la vida humana llegará a los 150 años. Por otro lado, las familias son cada día menos numerosas y la posibilidad para el Estado de pagar pensiones dignas se hará imposible, por lo que la solución adoptada por el Gobierno Militar es de enorme importancia para sus compatriotas.
Reforma Educacional
Educación Básica y Media
Hasta 1980, el sistema educacional chileno se caracterizó por una gran intervención de la educación estatal que alcanzaba a más de un 80% de la matrícula y una administración fuertemente centralizada, mostrando graves problemas: insuficiente cobertura, baja calidad y escasa capacidad para absorber a los más pobres excluidos del sistema educacional.
Los salarios de los profesores eran muy bajos debido a que la burocracia consumía gran parte de los recursos y a que el Estado era el principal empleador. No existía competencia entre los distintos tipos de establecimientos y se diseñaba un currículo rígido, condiciones que no promovían ni la eficiencia ni la calidad.
La imperiosa necesidad de corregir estas falencias originó un sistema de modernización de la educación que persiguió los siguientes objetivos:
* Mejorar la calidad de la Educación
* Aumentar su cobertura
* Establecer igualdad de oportunidades, e
* Impulsar la libertad de enseñanza.
Para alcanzar estos objetivos se propuso un nuevo sistema de incentivos que establecía un esquema de subsidio a la demanda en función del servicio prestado, con lo cual se dio un fuerte impulso a la educación particular subvencionada. Complementando con esta política se decidió que el Estado no administrara más escuelas a través del Ministerio de Educación y por ende tampoco continuara siendo el principal empleador directo de los profesores
Para ello se transfirieron a las municipalidades todos los establecimientos de educación básica y media que a esa fecha eran administrados por el Ministerio de Educación y algunas escuelas técnicas a entidades privadas sin fines de lucro. Asimismo, a partir de 1980 se implementaron reformas curriculares. Es así que el establecimiento de este marco de incentivos y de reglas de participación equitativas que favorecieron la competencia, permitieron un notable incremento en la cobertura en estos niveles educacionales, ayudados por el considerable desarrollo de la participación del sector privado en la educación. En el nivel básico, el sector privado subvencionado pasó de una participación del 14% de la matrícula total en 1980 a un 30,4% en 1988. En enseñanza media, durante el mismo lapso, el sector privado subvencionado casi triplicó el número de alumnos, pasando desde un 15,9% a casi un 40%.
Todo lo anterior ocurrió en un contexto de importante aumento de los años promedio de escolaridad de los chilenos, que pasaron de 4,5 en 1970 a 8,7 en 1987 y a la incorporación de los más pobres al sistema, aspectos que contribuirían a mejorar significativamente la igualdad de oportunidades y la equidad del sistema educacional. Mención aparte merece INACAP, institución entregada en comodato a la Confederación de la Producción y del Comercio, que se ha transformado en el principal centro de formación técnica superior del país con cerca de 50.000 alumnos y sedes en Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, chillan, Los Ángeles, Concepción, Talcahuano, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas
Educación Superior
Entre 1971 y 1973 la educación superior, con un 4,8% de la matrícula total del país, (incluyendo a la educación básica y media) absorbía un 39,7% del gasto fiscal total en educación. Esta cifra es elocuente especialmente si se considera que de acuerdo al Mapa de Extrema Pobreza de 1970 un 43% de los niños en esa condición no asistía a la escuela. Las primeras medidas adoptadas se orientaron a reducir el presupuesto de la educación superior para priorizar y aumentar el gasto destinado a la educación básica y media. Es así que entre 1978 y 1980 el gasto en educación superior había descendido a un 29%
Sin embargo, los problemas que aquejaban a este tipo de educación, que iban mucho más allá de un exceso de gasto, requerían de una drástica reforma que se inicia a partir de diciembre de 1980, cuando se comienza a dictar una normativa legal que corregiría el carácter cerrado y virtualmente monopólico del sistema universitario, reforzaría la libertad de enseñanza e introduciría la competencia a fin de mejorar la calidad académica.
Un primer texto legal definió lo que es una universidad, los grados y títulos que podían otorgar y as modalidades de constitución y disolución. Se permitió la creación d nuevos establecimientos privados y se favoreció el surgimiento de los Institutos Profesionales. Simultáneamente se dictaron normas tendientes a obligar una racionalización y reestructuración institucional de las universidades. Además, como una de las líneas prioritarias de acción, se definió el impulso al desarrollo de la investigación científica y tecnológica para cuyo propósito se crea en 19881 el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología.
No obstante, la reforma que mayor impacto tendría en los años siguientes se refiere al sistema de financiamiento. La nueva normativa definió un financiamiento con cargo al presupuesto público constituido por tres componentes:
1.- Un aporte directo, que se distribuía exclusivamente entre las universidades existentes antes de la reforma y que se vio reducido con respecto a lo anteriormente entregado, con el fin de evitar la ineficiencia, ahorrar recursos fiscales y reducir las posibilidades de las instituciones estatales de competir deslealmente con las nuevas instituciones que aparecerían al amparo de la nueva legislación.
2.- Un aporte indirecto en función de la captación de los mejores puntajes en las pruebas de selección e ingreso.
3.- El crédito fiscal otorgado a alumnos de escasos recursos a ser cancelado durante la vida profesional.
DEJÓ EL MANDO Y SE COMPORTÓ COMO CABALLERO
(Una Persecución Vergonzosa, www.pinochtreal.cl)
El 11 de marzo de 1990 el Presidente de la República, Augusto Pinochet Ugarte, entregaba la banda Presidencial a su sucesor Patricio Aylwin Azócar en una sobria ceremonia presidida por el recién elegido Presidente del Senado, Gabriel Valdés.
Todo el mundo se felicitaba por este traspaso de mando lleno de tanto simbolismo.
Las Fuerzas Armadas y de Orden, que habían tenido que hacerse cargo de la nación en 1973, culminaban su labor, dando fiel cumplimiento a su palabra empeñada.
El país se rencauzaba nuevamente por la senda democrática luego que el gobierno militar realizara las profundas rectificaciones que nuestro país requería .
Una economía pujante y un país confiado en su futuro era el legado que las Fuerzas Armadas y de Orden entregaba al Presidente Aylwin para que continuara, para bien de Chile, la senda que con tanto esfuerzo y sacrificio los chilenos habían recorrido en las últimas dos décadas.
Esta correcta transición tenía rasgos únicos y originales. Quien había desempeñado durante 17 años la Presidencia de la República continuaba como Comandante en Jefe del Ejército durante los próximos 8 años, es decir todo el período presidencial de Patricio Aylwin y buena parte del de su sucesor.
El Presidente Aylwin no se sintió cómodo con esta situación y le comentó al Comandante en Jefe del Ejército que a su gobierno no le parecía bueno para el país ni para el Ejército que continuara en la Comandancia en Jefe, pero que reconocía y respetaba su derecho de permanecer en el cargo.
Terminado su mandato, el ex Presidente Aylwin, en una entrevista al diario Le Monde y que fue reproducida por el Diario El Mercurio de Santiago el 30 de abril de 1994, alabó la figura de Augusto Pinochet como una suerte de garante de la transición: "Si Pinochet no hubiera estado allí durante la transición, habríamos tenido en Chile tentativas de insurrección llevadas a cabo por subalternos, "caras pintadas" como fue el caso en Argentina".
Posteriormente, en Japón, declaró que "durante mi gobierno el general Pinochet cumplió la tarea de Comandante en Jefe del Ejército, subordinado al Presidente y respetuoso del orden constitucional" ( La Época, 9 de Julio de 1994)
En octubre del año 2000 uno se pregunta : ¿Que pasó en Chile en estos años para que todo lo arriba descrito parezca como que hubiera sucedido no sólo en otro país sino en otro planeta?
La transición pacífica y racional fue lentamente erosionada por varios factores. El principal y el más negativo fue producto de la acción de la izquierda que nunca pudo perdonar al Presidente Augusto Pinochet que pusiera término al caótico gobierno de Salvador Allende, entregando una nítida señal al mundo que un régimen socialista-comunista, aunque fuera descrito como de "empanadas y vino tinto", era claramente dañino y poco recomendable.
EL COMBATE CONTRA LA VIOLENCIA
(Una Persecución Vergonzosa, http://www.pinochetreal.cl/)
"Un Ministro en visita de la Corte Suprema para investigar los atropellos a los derechos humanos que comete la policía chilena, pidieron cien abogados que presentaron un escrito al mas alto Tribunal del país".
"El escrito fue calificado como un verdadero ‘recurso de amparo por la ciudadanía’ presentado por esos abogados a la Corte Suprema. El escrito denuncia detalladamente numerosos casos de homicidios, torturas, vejámenes, allanamientos ilegales, violencias innecesarias y otros atropellos a los derechos humanos".
Se solicita también "Que un Ministro de la Corte visite al detenido en el lugar de detención cuando un abogado lo pida para poder comprobar rápidamente su estado físico y si se han cometido irregularidades, poder corregirlas de inmediato".
Dentro de los abogados firmantes aparecen don Ricardo Lagos Escobar y Juan Bustos .
"La protesta de los trabajadores fue, efectivamente, acordada por las organizaciones de base".
"Es absolutamente falso que los trabajadores hayan sido los responsables de la violencia desencadenada ese día 23. Los 28 heridos con bala de fusil y los muertos con bala de guerra, demuestran claramente de dónde partió la violencia"
"Así, queda al descubierto claramente la versión distorsionada de los hechos que hace "La Nación", tratando de culpar a los trabajadores y sus dirigentes de haber desencadenado la violencia".
¿Cuándo ocurrieron los hechos que consignan estas dos notas de prensa ?
La primera tiene fecha el 8 de agosto de 1970 (Diario Última Hora) y la segunda tiene fecha 19 de enero de 1968 ( Diario El Siglo).
¿Quién era Presidente de la República en ese período?: Eduardo Frei Montalva.
Estas dos publicaciones retratan fielmente la situación que se crea, en cualquier gobierno, cuando hay que enfrentar a la violencia. Pocos gobernantes han podido escapar de ser acusados igual que el ex Presidente Frei.
En el gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, la situación fue mucho más grave. La oposición al gobierno del Presidente Pinochet no estaba compuesta por demócratas momentáneamente fuera del poder por haber perdido unas elecciones. Habían sido expulsados del gobierno por haber llevado al país al mayor caos de su historia. Había quedado al descubierto en Chile y en el mundo que su fórmula socialista era un absoluto fracaso. Ellos no podían cruzarse de brazos y esperar la próxima elección. Tenían que realizar un gran esfuerzo y para ello no quedaba sino un camino: Combatir por la fuerza a quienes los habían derrocado y en el camino echar sus redes y acoplar al máximo de ingenuos que pudieran ser útiles a su estrategia .
Esto fue lo que hicieron y hay que reconocerles que tuvieron éxito. Lograron captar a quienes debieron haber continuado al lado del gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden. y que al muy poco tiempo se apartaron al comprobar que este no pretendía ser un simple paréntesis entre dos gobiernos políticos y no les otorgaba las granjerías a las que estaban acostumbrados. El gobierno del Presidente Pinochet estaba obligado a introducir profundos cambios en lo político, en lo económico y en lo social. Y eso fue lo que hizo y este país se transformó y fue imitado en América y en el Mundo.
La izquierda desató la violencia, intentó asesinar al Presidente Pinochet, introdujo armas a Chile, asesinó al Intendente de Santiago y organizó, junto con sus compañeros de ruta, jornadas de protesta que costaron la vida a muchísimos chilenos.
El gobierno militar estuvo obligado a mantener el orden y a combatir la violencia y el terrorismo. Mucha gente que hoy vive en Chile le debe su existencia a esta incansable labor desplegada por nuestras instituciones armadas y de orden. Día y noche protegieron a la gente que quería vivir en un ambiente de paz y tranquilidad y deseaban para sus hijos y nietos un mundo mejor.
"LAS FUERZAS ARMADAS Y EL GOBIERNO MILITAR"
El presente artículo corresponde a una síntesis de la conferencia presentada por el Coronel Guillermo Castro Muñoz, en la Escuela Militar, durante el Seminario "El Ejército de Chile y la Política Nacional. Las últimas décadas".
LAS FUERZAS ARMADAS EN EL GOBIERNO MILITAR 1973 - 1990
“Hay que abrazar una gran causa aunque suscite una gran querella” (William Shakespeare).
INTRODUCCIÓN
Al asumir las Fuerzas Armadas la conducción política del país el 11 de Septiembre de 1973, éste se encontraba sumido en una crisis integral que cubría los segmentos sociales, económicos, valóricos, de convivencia y dignidad, hasta los cimientos mismos de la propia identidad histórico cultural. Chile era un país arruinado, con una polarización irreversible, ya que todas las instancias normales de una sociedad organizada habían fracasado
Ante esta realidad, Chile comenzó una nueva etapa que abarcaría un período de diecisiete años que culminó el 11 de marzo de 1990.
En el contexto planteado, y antes de desarrollar una síntesis del aludido período, es conveniente recordar la posición del Ejército expresada en el informe elevado a la llamada Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. “La Intervención Militar del 11 de Septiembre de 1973. constituyó una difícil decisión patriótica; ella fue adoptada sólo después de haber transcurrido largos años de un sistemático aniquilamiento de Chile. Fue una decisión que hubiésemos querido no tener que adoptar, decisión que no buscamos ni alentamos, pero fue requerida y concitó el apoyo de la inmensa mayoría de los chilenos, a quienes trajo el alivio de una angustia sin esperanza. La intervención de las FF.AA. y Carabineros de Chile fue la reacción espontánea de un país atacado en su esencia misma”.
La cita señalada refleja que el accionar de las instituciones castrenses tuvo como fin impedir una guerra fratricida y la destrucción de todas las libertades. Ellas desde sus inicios concibieron un proyecto restaurador y fundacional, que posteriormente concretó en documentos y decisiones de alta estatura, que en forma suscinta se abarcará en este artículo.
No obstante, el tiempo y la desinformación por múltiples medios de que ha sido objeto la opinión pública nacional e internacional han causado demasiados estragos a la verdad histórica de los hechos ocurridos en esa época. Por ello, es pertinente observar algunas visiones ciudadanas del Pronunciamiento Militar bajo la óptica de actores relevantes de ese período.
El ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalba expresaba: “Los militares han salvado a Chile; el mundo ignora que los marxistas chilenos disponían de armamento oculto, superior en cantidad, y a veces en calidad, al Ejército Nacional”.
Por su parte el ex Presidente de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin Azócar, manifestaba: “Chile estuvo al borde del Golpe de Praga, que habría sido tremendamente sangriento y las FF.AA. no hicieron sino adelantarse a este riesgo inminente. Nuestros esfuerzos no encontraron acogida seria y su proceso condujo a la intervención militar, que las FF.AA. no buscaban y que contradecía todas sus tradiciones”.
El ex Cardenal Raúl Silva Henríquez por otra parte puntualizaba: “Las noticias internacionales respecto del Pronunciamiento Militar en Chile no se ajustan totalmente a la verdad. Se han producido algunos hechos que para nosotros son lamentables; sin embargo, el presente se explica por las causas que lo provocaron”.
A estos testimonios se suman otros innumerables bajo la misma línea argumental, donde destacan las de los Partidos Social Demócrata, Nacional, Democracia Radical, Demócrata Cristiano, de autoridades eclesiásticas y de diversas organizaciones empresariales, gremiales y de pobladores de todo el espectro del quehacer nacional.
Este artículo estará centrado en los objetivos y tareas que se impuso el Gobierno Militar, como también en el basamento valórico y de principios en que articuló su proyecto. Se planteará además cómo armonizó sus intenciones con la realidad nacional, para avanzar con perseverancia y tenacidad al logro de los señalados objetivos. También se expondrán las interferencias más relevantes que afectaron estos fines, para finalmente plantear las transformaciones y logros alcanzados en su obra fundacional.
Es necesario considerar que, debido al cúmulo y variedad de materias y variables que son parte de este período histórico, se mencionarán sólo aquellas de mayor trascendencia y que guardan relación con el propósito del presente seminario.
ETAPAS, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL GOBIERNO MILITAR
El 11 de Septiembre de 1977 marca en forma clara el inicio de una nueva y singular etapa en la historia de nuestro país. La verdad es que ese dramático gesto de reacción ciudadana, fielmente interpretado y asumido por las Fuerzas Armadas y de Orden, fue la culminación de un largo y angustioso itinerario de desgaste y virtual desintegración de nuestra sociedad.
Sin embargo, el Pronunciamiento Militar no fue concebido como una acción de emergencia por parte de las Instituciones de la Defensa Nacional, destinada a superar una contingencia; una acción de tanta trascendencia debía ser adoptada en la búsqueda de soluciones integrales ante la situación que vivía el país.
Es así como, en forma coherente, el gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile fue conduciendo el país hacia la consolidación del proyecto de sociedad libre y abierta que fundamentó su intervención en la vida política de Chile, cumpliendo un itinerario que podríamos resumir en las siguientes etapas:
- 1ra. Etapa, “De Recuperación”
- 2da. Etapa, “De Transición”
- 3ra. Etapa, “De Normalidad o Consolidación”.
Es importante hacer referencia a estas fases, pues, más que obedecer a una clasificación artificial, representan el signo de gradualidad que, desde un principio, el Gobierno Militar trató de imprimir al proceso proyectado y que fuera expuesta por el Presidente de la República, en el recordado discurso dirigido a la Juventud el 9 de julio de 1977, en el Cerro Chacarillas.
En cada una de ellas les correspondería jugar un rol importante tanto a las Fuerzas Armadas y Carabineros como a la civilidad, distinguiéndose a su vez entre sí por los instrumentos jurídico – institucionales que en cada una de ellas debían crearse o emplearse.
1era: Etapa “De Recuperación”
Los objetivos trazados para la primera etapa, “de Recuperación”, fueron:
- Restablecer el orden y la tranquilidad, seriamente amenazados por el intento de fuerzas irregulares marxistas tendiente a destruir la libertad y la democracia.
- Reconstruir el orden económico y social, desquiciado como consecuencia de la degradación sistemática que habían sufrido las garantías individuales.
- Estudiar y establecer una nueva institucionalidad verdaderamente democrática, protegida de los sectores totalitarios, respetuosa de las libertades personales, con poderes equilibrados y tendiente a fomentar la existencia de organizaciones políticas grandes, moderadas y capaces de darle a todo el sistema estabilidad y permanencia.
El mismo día 11 de Septiembre, la Honorable Junta de Gobierno comunicaba a la ciudadanía, en el Bando N° 5, su firme voluntad de restablecer la normalidad económica y social del país, la paz, tranquilidad y seguridad perdidas.
El Gobierno Militar, desde sus inicios, tuvo cabal conciencia de que el progreso del país pasaba por un nuevo reordenamiento social. Ello obligó en un principio a limitar una serie de libertades políticas, como un camino para lograr superar en forma paulatina, las profundas heridas existentes.
En septiembre de 1974, la Honorable Junta de Gobierno emitió una declaración solemne, llamada Declaración de Principios del Gobierno de Chile, en donde, contrariamente a la neutralidad valórica que había caracterizado la etapa precedente, se enuncian los principios que regirían su misión restauradora, a la vez que se explicitaban los objetivos de su gestión gubernamental.
Resulta difícil determinar cuáles son en realidad los aspectos más importantes de dicha Declaración, toda vez que constituyen un conjunto de conceptos muy relacionados entre sí. Sin embargo se enunciarán aquellos principios o premisas básicas que pueden resultar más clarificadores.
En la Declaración de Principios se señalaba que:
- La libertad como forma de vida debe armonizarse con el desarrollo acelerado de nuestra economía y el progreso o justicia social, satisfaciendo las inquietudes espirituales del ser humano.
- El hombre tiene derechos naturales anteriores y superiores al Estado; es este último el que debe estar al servicio del hombre. El fin del Estado es el bien común general.
- El Gobierno Militar es de inspiración nacionalista, realista y pragmática, y su objetivo fundamental es hacer de Chile una gran nación. Para ello, su tarea es darle al país una nueva y moderna institucionalidad, dotando a nuestra democracia de una sólida estabilidad.
En dicha institucionalidad adquiere relevancia vital la descentralización del poder, que permite avanzar hacia una sociedad tecnificada y de verdadera participación social.
- El Gobierno Militar no fija plazos a su gestión - y esto es importante destacar, porque la tarea de reconstruir integralmente al país requería de una acción profunda y prolongada. No obstante ello, se comprometía a entregar el poder, oportunamente, a quienes el pueblo eligiera a través de un sufragio universal, libre, secreto e informado. Lo que se buscaba era iniciar una nueva etapa en el destino nacional, abriendo el paso a generaciones futuras de chilenos con sanos hábitos cívicos.
- Finalmente, el Gobierno Militar consideraba que toda la tarea antes señalada debía encontrar en la familia, la mujer y la juventud su más sólido fundamento.
Junto con fijar este verdadero marco doctrinario en el cual se iniciaba esta 1era. Etapa de reconstrucción o recuperación del país, se pudo constatar que, de acuerdo a la evolución experimentada por la convivencia nacional de entonces, en la sociedad chilena resultaba evidente la existencia de determinadas tendencias que, para el logro de los objetivos previstos, en algunos casos era necesario revertir, mientras que otras era menester recuperar y reforzar.
Es así como, dentro de las primeras que debían revertirse, resultaba imprescindible erradicar la práctica de los excesos ideológicos y los desbordes del bien común por las facciones y grupos de presión social, política y económica. La partitocracia era uno de los efectos claros de tal tendencia.
También era un imperativo enfrentar la carencia de dinamismo en el desarrollo económico, el estatismo y la visión de corto plazo en la toma de decisiones.
Otra área que debía atacarse estaba representada por la marginalidad social y económica, de manera de buscar vencer la extrema pobreza en la cual se encontraba una gran cantidad de chilenos, aplicando para ello el concepto de un Estado subsidiario.
Sin duda que la acción subversiva sobre Chile constituía otra realidad que era vital encarar y de cuyos efectos se hará referencia, en particular, durante la presente exposición.
Sin embargo subsistían en ese entonces ciertas prácticas y conceptos cuya aplicación podía contribuir en forma importante a la consecución de los objetivos trazados.
Así, por ejemplo, la aspiración a los gobiernos realizadores y el respeto por las gestiones de obras concretas, representaba una idea que debía reforzarse en la ciudadanía chilena. Es así que una característica del Gobierno Militar fue la ejecución de obras destinadas a solucionar problemas reales, ajenas a un afán demagógico, tratando de construir soluciones integrales que mejoraran la integración nacional, el hábitat y la calidad de vida de nuestros compatriotas.
La aspiración a constituir un ejecutivo fuerte era otro concepto importante de profundizar, por cuanto se necesitaba un gobierno para todos, que trascendiera a los intereses de personas o grupos, concibiendo al Estado como el promotor del bien común y no como el gestor o garante de beneficios de determinados sectores de la sociedad, aunque con pleno respeto a la libre iniciativa y capacidad de cada quien.
Directamente relacionado con lo anterior era fundamental reforzar la tendencia relacionada con una aspiración a la justicia social, que no es sino un corolario a la aspiración que históricamente ha tenido nuestro pueblo a la libertad y a participar de una sociedad igualitaria.
2da. Etapa: “De Transición”
A partir de marzo de 1981, fue concebida la entrada en vigencia de la nueva Constitución, la cual definiría el marco de una cabal democracia. Su objetivo era producir un avance gradual y sostenido hacia la plenitud institucional y democrática, la que debía quedar completada a más tardar en marzo de 1990. Es importante destacar también que esta fecha marcó el inicio del período presidencial 1981-1988, previo acto plebiscitario. Desde ese entonces, cada vez con mayor intensidad se fue incorporando a distintos sectores de la sociedad a las responsabilidades de la conducción política de la nación, lo cual quedó plasmado en la conformación de los gabinetes, en los cuales la integración de civiles y militares fue una realidad permanente.
3ra. Etapa: “De Normalidad o Consolidación”
En esta última fase quedaría materializada con el traspaso del gobierno a las nuevas autoridades.
Un aspecto que no puede dejar de destacarse es el hecho de que, mientras se ejerció el Gobierno Militar, existió especial preocupación por no confundir o mezclar el rol que legalmente le correspondía a las FF.AA. con la labor de conducción del país desarrollada por una parte de sus miembros, lo cual evitó que se produjera un proceso de politización de dichas instituciones y permitió un reintegro pleno y expedito a sus funciones habituales.
INTERFERENCIA AL PROCESO ESTRUCTURADO
La gestión del Gobierno Militar se inició, como está dicho, en una situación de caos que, por sí sola, constituía un alto factor de riesgo, capaz de hacer fracasar cualquier intento por aplicar una conducción aceptablemente coherente. No obstante, existió la capacidad, tenacidad y claridad de propósitos para determinar en forma acertada, cual era el orden de prioridad que requería el momento político, económico y social que se vivía en Chile.
Durante el período de cambios y modernizaciones el país estuvo acompañado por una violenta y sistemática campaña internacional y nacional de desinformación y agresión, fundamentalmente proveniente del marxismo internacional y de importantes sectores demócrata cristianos. Gradualmente fueron asumiendo esta postura también los Estados Unidos de América y algunos otros Estados, a lo que, se deben agregar las crisis económicas, sociales y de soberanía, y la acción permanente efectuada por grupos paramilitares, todos los cuales en distinta forma, buscaron desestabilizar el Gobierno Militar.
Esta parte del artículo pretende entregar una breve visión de las interferencias mayores que tuvo el Gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros, las cuales fueron sorteadas en su gran mayoría, gracias a un compromiso funcional y valórico de ciudadanos civiles y militares que juntos volcaron su forma y estilo de vida al servicio de los intereses nacionales. Sin desconocer que muchas acciones dañaron la imagen y acción del Gobierno y que, incluso, hoy en la contingencia se observan y mantienen sus negativos efectos.
CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL DE DESINFORMACIÓN
Desde el primer día del Gobierno Militar, desde el exterior comenzó una creciente campaña de desinformación y crítica, inspirada y financiada, principalmente en sus comienzos, por la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y a la cual, como está dicho, se integraron gradualmente otros Estados. El apoyo prioritario provenía de sectores de izquierda que se desempeñaban en centros de información, comunicación y publicidad relevantes a nivel mundial y nacional. En este contexto es necesario recordar que la desinformación busca destruir sicológicamente una imagen mediante la propagación sistemática de la mentira o la diseminación de una verdad a medias.
El ex Secretario de Defensa de los Estados Unidos de América, Robert Mc Namara, en referencia a este punto se explayaba en el contexto del conflicto Este–Oeste y ejemplificaba con algunos postulados de los soviéticos:
“La mentira repetida es un método de propaganda; si la mentira se esparce utilizándose todos los medios de publicidad, concluye por ser aceptada como verdad o a lo menos verdad a medias”.
La campaña se mantuvo implacable y sin interrupciones durante todo el Gobierno Militar y obviamente, como somos testigos, se incrementó en forma posterior a él. La persistencia, concordancia en la forma de actuar, junto a un uso sistemático de la mentira, tiene su génesis en diversas reuniones realizadas en el exterior, con participación de dirigentes chilenos, soviéticos y de otras nacionalidades, donde se articularon formas para lograr el aislamiento político, económico y moral de Chile, con la intención de derrocar al Gobierno Militar y reinstalar un régimen socialista.
Para lograr lo anterior se crearon Centros Nacionales de Solidaridad con Chile, los cuales, a través de los espacios generados, realizaron amplias campañas de desinformación. Desde esos años, los sectores de izquierda han utilizado todas las instancias académicas, políticas y sindicales logrando, entre otros efectos, el de incorporar gradualmente a sus fines a organismos internacionales, políticos, económicos y también gobiernos, siguiendo la línea “gramsciana” referida a la necesidad de provocar el cambio de las condiciones sociales existentes sobre la base de modificar las mentalidades .
El nivel de coordinación les permitió realizar campañas en la mayoría de los foros internacionales, para que, junto con denunciar al Gobierno Militar, se interfirieran incluso las políticas económicas del país, sin dejar de mencionar el alto apoyo que generaron para los opositores ideológicos y principalmente para los aparatos subversivos que accionaban clandestinamente en el país.
Esta acción tuvo como eje central las imputaciones relacionadas con los derechos humanos, los cuales tuvieron una especial receptividad en la Organización de Naciones Unidas y otros organismos de semejante relieve. Este punto sin duda fue el que causó mayor interferencia y entorpecimiento, lesionando sensiblemente la convivencia nacional, como también afectó al proceso de transición concebido.
LA SUBVERSIÓN Y EL TERRORISMO
El nivel que habían alcanzado distintos grupos paramilitares y la cultura de destrucción que orientaba su accionar no desapareció con la presencia del Gobierno Militar. Sólo determinó un cambio en la forma de actuar, ya que, al margen de pasar a la clandestinidad, significó una recomposición de sus cuadros, tanto del exterior como del interior, tornándose más violento su accionar.
El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que era la expresión de mayor eficiencia de los grupos extremistas, envió a sus principales miembros a reinstrucción de guerrillas a diversos países de la órbita soviética, principalmente a Cuba y, a partir del primer trimestre de 1974, comenzó a ingresarlos clandestinamente.
Gracias a la acción de desinformación, lograron el apoyo económico deseado y, a fines de 1979, comenzaron la autodenominada “Operación Retorno”, que les permitió resituar la acción terrorista en el país, que se traduce en constantes asaltos a sucursales bancarias y entidades financieras en general, como también sabotajes a la infraestructura vial, edificios de servicios públicos e instalaciones policiales. Se suceden atentados contra personal de Carabineros y autoridades, donde destaca el asesinato del Director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, que marca el inicio de las acciones de terrorismo selectivo.
Este movimiento se logra expandir a zonas rurales y crea estaciones y focos guerrilleros, que buscaban captar adherentes dentro del campesinado y, a la vez, organizar depósitos de armas y víveres. El más conocido fue descubierto en Neltume, en la IX Región, de la Araucanía.
Producto de las constantes detenciones de que fueron objeto, este grupo fue perdiendo fuerza, aunque ello no significó que terminara con su lógica de guerra, ya que, por ejemplo, el año 1980, finalizó con un funesto saldo de muertes de civiles y carabineros, que se encontraban en sectores denominados de “propaganda armada”. En consonancia a estos hechos delictivos, se inscribe el asesinato alevoso del Intendente de Santiago, Mayor General Carol Urzúa, y sus dos escoltas en 1983.
Como muestra ilustrativa y de acuerdo a investigaciones estadísticas existentes, se puede afirmar que en el período 1974-1984, el MIR, realizó más de 1.200 acciones armadas.
Al margen de este movimiento, existieron otros movimientos subversivos armados, donde destacan el Frente Manuel Rodríguez, que es la parte o brazo armado del Partido Comunista, y el Movimiento Lautaro.
El Partido Comunista, obedeciendo a una doctrina de partido, continuaba con una posición pública, mientras reorganizaba su instancia paramilitar, a la cual le otorgaba en 1975 una conformación orgánica a nivel nacional. Sus primeras acciones se registran en Antofagasta y Valparaíso, pero adquiere una mayor fuerza y dinámica a partir de 1983 en la agitación y efervescencia político-social existente y en las que destacaban las llamadas “Protestas Pacíficas”, que generaban apoyo de sectores populares, debido a la crisis económica que se debió enfrentar. Paulatinamente su presencia se torna más agresiva y sólo en 1984 efectúan 130 ataques con explosivos.
Entre 1984 y 1986, las estadísticas registran y demuestran que más de 600 chilenos fueron afectados por actos terroristas del Frente Manuel Rodríguez.
Su accionar normalmente se centró en las áreas urbanas, pero utilizaron sectores costeros para internación de armamento, siendo el de mayor connotación el descubierto en el sector de Carrizal Bajo, en la III Región. Del material capturado por los organismos policiales y de seguridad, que sólo representó el 50% del internado, destacan:
Armamento automático, semiautomático y antiblindaje en una cantidad cercana a las 4000 unidades y una amplia gama de granadas antipersonales diversa y cuantiosa munición de distintos calibres, más explosivos y otros elementos de material de guerra e ingenieros.
Los actos delictivos de mayor relieve hasta 1990 fueron:
- Atentados explosivos reiterados contra municipios y oficinas de empresas públicas, privadas e internacionales, donde destaca el perpetrado contra la Caja de la Defensa Nacional en Valparaíso, que deja un saldo de 17 heridos y un muerto.
- Ataques a poblados como los ocurridos en Contulmo, Los Queñes y Cabildo.
- Secuestros de Gonzalo Cruzat, Sebastiano Bartolomé, del Cabo de Carabineros Sergio Ovando, del Coronel de Ejército Mario Haberle Rivadeneira y del Teniente Coronel de Ejército Carlos Carreño Barrera.
- Internación ilegal masiva de armas.
- Asesinatos del Coronel de Ejército Miguel Rojas Lobos y del Teniente de Ejército Julio Zegers R. en el Comando de Aviación de Ejército.
- Atentado frustrado contra el Fiscal Militar de Ejército, Brigadier General Fernando Torres Silva.
- Intento de magnicidio contra el Presidente de la República, CGL. Augusto Pinochet Ugarte, donde fallecen 5 escoltas y queda un sinnúmero de heridos.
Respecto al movimiento Lautaro, conocido comunicacionalmente por diversas denominaciones afines, sus acciones de mayor connotación se inician en 1982 con robos, asaltos, atentados a Carabineros y distribución de los productos obtenidos por esta vía, en poblaciones marginales y centros estudiantiles.
En síntesis, esta realidad fue una dura interferencia al espíritu y propuesta del Gobierno Militar, para alcanzar las diversas metas en armonía y estabilidad, conforme al itinerario que previamente se había establecido. Durante el período analizado, y producto de la acción de estos grupos extremistas, el deprimente saldo, desconocido por la mayoría de la opinión pública, determina que fueron asesinados más de 300 chilenos entre civiles y militares; ellos fueron objeto de acciones deleznables hasta hoy olvidadas o desfiguradas por la acción de la desinformación.
Los hechos han sido distorsionados por variados segmentos y sectores de la sociedad chilena y comunidad internacional, tanto por desinformación como por posición ideológica o partidista. Lamentablemente se ha llegado a niveles tan sesgados y unilaterales, que la imagen que se preserva es la de indefensión e inocencia de los actores representantes de grupos o sectores promarxistas o paramilitares y prevalece una imagen de intolerancia, abuso de poder y acto culposo de aquellos que cumplieron funciones en el Gobierno Militar.
Es cierto que en la acción contra los movimientos extremistas desde el mismo 11 de septiembre de 1973, como también en los períodos de efervescencia social y polarización política entre 1982 y 1986, pueden existir responsabilidades de funcionarios de organismos del Estado frente a hechos rotulados como de derechos humanos, pero no hay que olvidar y tener en consideración la lógica y la realidad de guerra subversiva imperante en esos períodos. Por otra parte, en ningún caso esta eventual realidad desvirtúa o minimiza la responsabilidad de quienes, sistemáticamente, detentaron o utilizaron la violencia para acceder a sus fines.
El Gobierno, al combatir estas devastadoras conductas terroristas, tuvo como inspiración el bien común de los connacionales y jamás alentó, sistematizó u organizó formas de actuar, para incrementar el espiral de violencia reinante.
La verdad histórica que sí se debe tener presente es que estas irracionales conductas fueron concebidas y practicadas por sectores políticos y subversivos que hoy aparecen como víctimas ajenas al verdadero escenario que ellos mismos crearon.
Cabe consignar, como dato ilustrativo, que, en forma posterior a 1990, tanto el Frente Manuel Rodríguez como el Movimiento Lautaro continuaron asesinando a personal militar y policial y secuestrando a personalidades nacionales. Los procesos judiciales y los responsables de estos graves delitos parecen también haber sido olvidados por la opinión pública.
PRINCIPALES INTERFERENCIAS ECONÓMICAS
Desde que asumió el Gobierno Militar la conducción del Estado, se sumó a la ya descrita campaña de desinformación el intento por la vía económica de aislar al país del resto de la comunidad internacional. Estos propósitos fueron reiteradamente apoyados desde el interior por diferentes sectores, ya que el fin era fomentar e, idealmente, establecer un clima de inseguridad e intranquilidad, que facilitara el atentar contra la normal evolución del proceso en desarrollo.
Los desafíos más difíciles que debió enfrentar la política económica, además de la desastrosa situación existente al 11 de septiembre de 1973, se refieren a las crisis mundiales del petróleo, la deuda externa, la baja del cobre y la enmienda Kennedy, situaciones que otorgaron un entorno muy desfavorable a una economía que debió iniciarse normalizando el aparato productivo y estabilizando la tasa de inflación que bordeaba el 500%.
1ª crisis económica de 1975
En forma errática, frecuentemente se analiza el origen de esta crisis bajo una supuesta y deliberada política de shock, que habría tenido como objetivo el término del fenómeno inflacionario, que mantenía guarismos preocupantes en 1974 y 1975.
Las causas se fundan, principalmente, en la necesidad de ajustar la balanza de pagos, lo que se tradujo en un sensible ajuste económico y en las escasas reservas de moneda internacional a causa, básicamente, de la violenta caída del precio del cobre en el mismo período. A modo de ilustración el gráfico siguiente muestra la sostenida baja de este metal, bien vital por esos años en la economía del país.
Esta situación rápidamente derivó en una baja de la actividad productiva y un alto desempleo.
No obstante, esta emergencia fue superada con prontitud, ya que, a mediados 1976, producto del ajuste de cuentas fiscales, la reorientación de la política arancelaria y cambiaria dirigida a fomentar la integración del país con el exterior, conjuntamente con un manejo de la política monetaria, permitió ir superando la situación y la población pudo beneficiarse gradualmente.
Otro hecho que se inserta plenamente en el contexto de la campaña internacional en contra de Chile se refiere a lo que se llamó la “Enmienda Kennedy”.
En 1976, el senador estadounidense Edward Kennedy presentó ante el Senado de su país una indicación, con el objeto de modificar la Ley de Asistencia Militar al Exterior, a fin de excluir a Chile de la ayuda militar que su país proporcionaba a las Repúblicas Latinoamericanas que habían suscrito el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Las restricciones fueron aprobadas y entraron a aplicarse a Chile en octubre de 1977, comprendiendo en síntesis:
- La prohibición de suministrar a Chile cualquier forma de asistencia militar, incluyendo la educación y entrenamiento del personal de sus Fuerzas Armadas.
- La prohibición de concederle créditos para iguales efectos.
- La prohibición a todo proveedor privado de vender y exportar a Chile equipo militar.
La adopción de la enmienda fue especialmente relevante, no necesariamente por sus efectos económicos, sino básicamente por su inoportunidad, ya que en aquella época Chile, como observaremos más adelante, debió encarar conflictos vecinales de la más alta complejidad. Colateralmente este hecho determinó un sostenido desarrollo de la industria militar chilena, la cual aumentó su capacidad productiva y sistematizó un proceso de reconversión acelerado y eficiente.
2ª crisis económica de 1982
En esta oportunidad, el ajuste tuvo un origen inmediato en la necesidad de enfrentar la realidad de un menor flujo de recursos externos. El ahorro cayó en 1981 y en 1982 por efecto de la crisis mundial de la deuda.
Es efectivo que Chile había recurrido en numerosas ocasiones a créditos externos, lo cual naturalmente había producido desajustes en los precios relativos. Sin embargo, la caída del ahorro se debió a las altas tasas de interés internacionales, al elevado precio del petróleo y a la facilidad de acceso al crédito externo por parte de los deudores del mundo. Sin embargo, cuando esta crisis se desencadenó, Chile ya había adoptado medidas internas de carácter correctivos las que fueron intensificadas ante la emergencia surgida.
Una demostración clara de la solidez del esquema económico aplicado en Chile lo constituyó la notoria diferencia de los efectos que causó la crisis económica internacional en el país, en comparación con los restantes países de la región.
En tales acontecimientos, el Gobierno Militar, basado en un nuevo modelo económico que se estaba desarrollando, y debido al manejo de sus variables, logró paulatinamente superarlas y continuar en un desarrollo sostenido.
LAS CRISIS VECINALES
Con Perú
Al inicio de la década de los ‘70, Perú, que estaba inmerso en una línea populista basado en ideologías de izquierda, comenzó a desarrollar una abierta preparación bélica con apoyo soviético que no fue advertida en toda su magnitud, debido al caos reinante en Chile en 1973.
Con la compra masiva de armas, principalmente ofensivas, a la que se sumó la adquisición de buques y aviones de combate, Perú comenzó a romper el equilibrio militar en la zona. Su intención era evidente, reconquistar el territorio perdido en la Guerra del Pacífico de 1879, en una fecha cercana al centenario de este conflicto bélico.
En contrapartida, las Fuerzas Armadas chilenas estaban en un muy bajo estado de operacionalidad, ya que la crisis económica y política se había dejado sentir en el ámbito de la defensa nacional.
Ante la emergencia y realidad ya detectada, el Gobierno Militar, sin desatender las áreas sociales, dispuso intensificar las medidas de alistamiento, utilizando mínimos recursos, pero mucha capacidad creativa, debido a que los mercados internacionales oficiales se cerraban a consecuencia de la campaña de desinformación que materializaban los adherentes a la Unidad Popular.
Paralelamente, las industrias de defensa del país aumentan su capacidad productiva y sistematizan un proceso de reconversión ágil que potencian a las instituciones de las Fuerzas Armadas.
Bolivia, que observaba atentamente esta situación, asume una posición pragmática y, en marzo de 1975, concuerda con Chile la reanudación de relaciones diplomáticas, que tenía su sustento en un intercambio territorial. Así el Gobierno de las FF.AA. y Carabineros, junto con presentar una alternativa al problema de mediterraneidad de Bolivia, neutralizaba oportunamente un posible pacto entre los tradicionales aliados. Cabe consignar que el eventual intercambio territorial se desvaneció en el corto tiempo, como era predecible, debido a la oposición de Perú, que representó el veto consagrado a su favor en el Tratado de Límites suscrito con Chile en 1929.
Finalmente, Perú, debido a su nivel de irresolución, incrementado por la movilización de tropas chilenas en la frontera, una nueva crisis económica que se desata y la falta de un aliado comprometido, desiste de su intención belicista.
Con Argentina
El conflicto con Argentina fue uno de los mayores desafíos que tuvo que enfrentar el Gobierno Militar. La antigua contraposición de intereses entre Chile y este país, en torno a identificar cuál era el curso real del Canal Beagle, al norte o al sur de las islas australes Picton, Nueva y Lennox, alcanzó en momentos casi un punto de no retorno, que significó estar muy cercanos al uso de la fuerza.
La Corte Arbitral que estableció el gobierno de Su Magestad Británica para estudiar el litigio, redactó su “Decisión”, la cual propuso al árbitro, la reina Isabel II, quien la aprobó el 18 de abril de 1977, en forma favorable a Chile. Ello provocó una airada reacción en altos e influyentes círculos argentinos. Producto de lo anterior, y a pesar de no estar concebida como instancia, el Gobierno de Chile, a través de su Presidente y Cancillería, accede a distintas reuniones en 1978 para acercar posiciones. No obstante, días antes del vencimiento del plazo fijado en el Laudo Arbitral, Argentina no solicita su revisión, que era el único camino legal posible, y, muy por el contrario, lo declara “insanablemente nulo”.
La actitud argentina fue una abierta descalificación al derecho internacional y obviamente su posición se inscribía en la búsqueda de la solución de la controversia por la vía de la fuerza.
El Gobierno Militar chileno genera nuevas reuniones para garantizar un espacio de negociación y naturalmente ganar tiempo. En el transcurso de los seis meses acordados, Argentina propone sólo soluciones intransigentes y paralelamente intenta incorporar a Perú al conflicto, el cual en ese período entregó variadas señales de concordancia con Argentina.
Chile, el 2 de noviembre de 1978, da por agotadas las negociaciones, pero generó condiciones para que mediara otro organismo internacional o la Santa Sede, sin que ello significara colocar en riesgo los intereses nacionales.
El peligro de guerra era ampliamente percibible y en el vecino país la movilización a esa fecha prácticamente había concluido. En Chile, el Gobierno actuaba con prudencia, manteniendo a las FF.AA. en franco desarrollo de preparación de sus cuadros y ejecutando rigurosamente su planificación.
En diciembre de 1978, el Santo Padre, que también había sido requerido por Argentina, envió al Cardenal Antonio Samoré en una misión de buena voluntad, que derivó en el Acta de Montevideo, donde se formalizó el retiro de las fuerzas militares desde el año de conflicto.
Argentina entre 1978 y 1982 continuó con posiciones intransigentes y desarrolló una verdadera carrera armamentista que paulatinamente fue minando su economía, mientras que el Gobierno chileno en ese mismo período, si bien fortaleció los teatros de operaciones extremos, no comprometió su desarrollo ni utilizó la crisis para alterar el itinerario institucional que se había trazado.
En 1984, el Vaticano anunció el acuerdo definitivo que, en lo esencial, respetaba los derechos e intereses vitales de Chile y que derivó al Tratado de Paz, Amistad e Integración de 1985.
Haber manejado esta crisis sin afán populista o sectario y haber logrado la paz sin afectar nuestra soberanía con un alto nivel de incomprensión internacional, es uno de los grandes logros del Gobierno Militar chileno.
LA OBRA FUNDACIONAL DEL GOBIERNO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Cuando en el futuro se examine e investigue la acción del Gobierno Militar bajo una óptica objetiva y ecuánime, sin duda se redescubrirá que durante este crucial período de nuestra historia republicana surgió un modelo de Estado que bajo la premisa del bien común nacional, estableció bases sólidas y permanentes para un desarrollo armónico y sostenido de la Nación Chilena. Este hecho, aunque no reconocido explícitamente, constituye en variados gobiernos del mundo un ejemplo a emular.
Las transformaciones y obras más relevantes del Gobierno Militar, es posible sintetizarlas en las siguientes:
1º La reforma administrativa y la regionalización. Con el propósito de subsanar las deficiencias orgánicas del Estado entró en funciones la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa (CONARA), emprendiendo la tarea de dimensionar de manera estructural, funcional y geográficamente la administración pública a las verdaderas necesidades del país.
El proceso permitió sacar al Estado del encuadramiento rígido y centralizado en que se encontraba, lo que, unido a la disminución del tamaño de su estructura, permitió acortar la línea del proceso de toma de decisiones y mejorar su eficiencia, creando el ambiente propicio para un desarrollo equilibrado de todas las zonas del país, al volcar más recursos en apoyo a las iniciativas de bien público que pudiera acometer el sector privado, estimulando una acción más fecunda de las organizaciones intermedias en cada una de las regiones, provincias y comunas de Chile; de esta forma satisfacía una antigua aspiración de las regiones, no asumida por ningún gobierno precedente.
Como es obvio, al disminuir el tamaño y poder del Estado, el sector más dinámico de la sociedad, el privado, tuvo el espacio necesario para competir, a través del modelo económico de libre mercado, aplicando su iniciativa al logro de negocios que crearon empleos productivos y legítimas utilidades. Esta libertad económica, en el corto plazo, cambiaría la atmósfera pesimista en que por muchos años se había desenvuelto la vida de los chilenos, en especial en los empresarios. Así, surgió, en su reemplazo, una actitud positiva que vio en el mundo su mercado natural.
2º El Plan Laboral. Éste consistió en situar las organizaciones laborales y empresariales en un mismo plano. Consagró un sindicalismo verdaderamente libre y garantizó una negociación colectiva justa, responsable y tecnificada.
3º La Reforma Previsional. Ésta significó una innovación profunda y necesaria que nunca había sido asumida por administraciones políticas anteriores, tanto por su complejidad como, principalmente, por los altos intereses creados. Producto de esta iniciativa nacieron las Asociaciones de Fondos Previsionales (AFP).
4º Reforma Educacional. Se mejora de manera importante la preparación de la juventud frente a los desafíos de los nuevos tiempos, lo que se reflejó, entre otros aspectos, en los niveles de alfabetización alcanzados. Se descentralizó la educación, se ampliaron las posibilidades hacia la educación técnica y se estimuló la participación del sector privado en la labor educativa. De esta forma nacieron la educación particular subvencionada, las universidades privadas y el sistema de crédito universitario.
5º Reforma de la salud. Ésta determinó el racionalizar su estructura y operacionalidad, concentrando la atención estatal en los más pobres y brindando a la población la posibilidad de elegir entre diversos sistemas de salud puestos a su disposición. Además, el nuevo sistema propició un aumento en los niveles de natalidad, calidad de vida y aumento de ésta.
6º Modernización de la agricultura. Ésta se basó en la propiedad privada como parte integrante de una economía abierta y competitiva. Significó diversificar los cultivos tradicionales y aumentar significativamente las exportaciones no tradicionales como es el caso del sector forestal y hortofrutícola.
Independientemente de lo expresado sobre la gran obra fundacional emprendida por el Gobierno Militar, existen, a su vez, una innumerable cantidad de políticas, que se materializaron y significaron acciones concretas, en beneficio de aquellos sectores que históricamente habían sido más postergados. Entre ellas destaca la referida a la integración de vastos territorios que al parecer nunca fueron desarrollados por su poca importancia electoral, atendida su tasa demográfica.
El mejor ejemplo lo constituye la integración física de la XI Región al resto del Territorio Nacional donde resulta pertinente recordar la magna obra emprendida por el Ejército de Chile, a través de la construcción de la Carretera Austral.
Otra acción relevante fue la generación de condiciones para la proyección natural de Chile al Pacífico, y a los mercados emergentes de aquella área, a través de la promulgación de una serie de políticas que permitieron incentivar el desarrollo marítimo, pesquero y comercial.
Dentro de las políticas sociales, la creación del subsidio habitacional y el acceso masivo a la vivienda propia constituyeron un hito relevante de la gestión del Gobierno Militar, que cooperó a una anhelada y legítima aspiración de los chilenos.
Es necesario destacar que las reformas y modernizaciones tuvieron su sustento en el cambio de mentalidad generado en todos los chilenos, ya que les permitió ser factor clave para mirar y participar del futuro en forma ganadora y emprendedora.
El Gobierno Militar, en síntesis, desarrolló una institucionalidad, que fue más allá del alcance etimológico de la expresión, ya que reconstruyó el país en aspectos morales, físicos y materiales, que trascendieron el mero marco constitucional; es decir, la institucionalidad entregada a Chile, implicó una nueva Constitución y una serie de transformaciones globales de la forma de vida y acción del Estado.
REFLEXIONES FINALES
1. Las Fuerzas Armadas debieron asumir la conducción del país, conscientes de que esta tarea no significaba una mera restauración de la institucionalidad quebrantada, ya que la destrucción sistemática a que fue llevada la Patria había socavado profundamente la convivencia y el desarrollo nacional; por ello, era imperativo ir más allá y crear un sistema de país, moderno, profundo y con claro contenido humanista social y de carácter democrático.
2. Desde la estructuración de las etapas y objetivos del Gobierno y la determinación de los principios que regirían el proyecto global, las Fuerzas Armadas marcaron con altura, coherencia y consecuencia la realidad nacional y el itinerario diseñado.
3. Esta magna obra no estuvo ajena de interferencias, exigencias y sacrificios, ya que en sus inicios fue necesario superar las funestas consecuencias de las anteriores administraciones y la polarización imperante. Posteriormente se tuvo que enfrentar la difamación; las crisis económicas vecinales y las arteras acciones terroristas y subversivas. Ellas, en su conjunto o aisladamente, podrían haber llevado a cualquier gobierno a un colapso político, económico y social. No obstante, el Gobierno de las Fuerzas Armadas y Carabineros, a base de eficiencia, patriotismo y esfuerzo mancomunado, con una parte más que importante de la sociedad, logró superar los obstáculos y entregar un mejor porvenir para todos los chilenos.
4. Existe una realidad evidente que demuestra que importantes sectores del espectro político no sólo intentaron gradual y sistemáticamente deslegitimizar al Gobierno Militar, sino que, incluso, una vez que determinaron la imposibilidad de concreción de sus fines, utilizaron medios y herramientas contrarias a la convivencia pacífica, llegando a buscar su desestabilización, aceptando, alentando o participando en organizaciones extremistas chilenas y también foráneas contrarias a la idiosincrasia e identidad nacional.
5. El exitoso modelo y el cambio de vida que generó en los chilenos el Gobierno de las FF.AA. y Carabineros, en general no ha sido aceptado o reconocido a nivel nacional e internacional. Al parecer, ello se debe a que sería pernicioso para la convivencia nacional que un Gobierno definido como autoritario haya sido tan realizador y profundo.
Sin duda, es una sesgada óptica, toda vez que esa línea argumental tiende a homologar nuestra realidad con caudillismos o irrupciones militares que carecieron de imperativos éticos y necesidades nacionales y que sí ocurrieron en forma sistemática o cíclica en otras naciones.
6. La gesta del 11 de Septiembre de 1973 y la obra fundacional del Gobierno Militar, al margen de significar para las Fuerzas Armadas y Carabineros y, particularmente, para el Ejército, un sentimiento de honor y orgullo que se debe preservar, es un hecho que necesariamente deberá recoger la historia nacional y universal en toda su verdad y dimensión.
En 1978, la Junta sufrió su primer quiebre con la salida del general del aire Gustavo Leigh, quien desde un comienzo tuvo roces con Pinochet. Ese año, el país comenzó a conocer las discrepancias entre ambos uniformados respecto del retorno a la democracia y del cronograma institucional.
